América Latina 2020-2021
Votos y jueces en tiempos de pandemia
Latin America 2020-2021
Votes and judges in times of pandemia
Manuel Alcántara Sáez
malcanta@usal.es
Universidad de Salamanca
España
Recibido: 12/03/2021
Aceptado 2/04/2021
Resumen
El presente texto analiza dos rasgos de la política reciente de los países de América latina en tiempos de pandemia: los procesos electorales y la actuación de los Tribunales con respecto, principalmente, a la actuación de los Ejecutivos. Ambos aspectos son particularmente relevantes en lo que concierne a la democracia representativa y al Estado de derecho. Ello se da en el marco de democracias fatigadas establecido en la segunda mitad de la década de 2010 y en medio de una severa crisis económica acentuada por altos niveles de crispación psicopolítica. La resultante es un escenario complejo en el que parecen acentuarse las facetas ya dibujadas de malestar social, desconfianza institucional y de crisis de la representación en el marco de profundas transformaciones derivadas de la revolución digital.
Palabras clave
América Latina, Jueces, Democracia.
Abstract
This text analyzes two features of Latin American countries recent politics in times of pandemic: electoral processes and the proceedings of the courts with respect, mainly, to the actions of the Executives. Both aspects are particularly relevant as regards representative democracy and the rule of law. This is taking place within the framework of fatigued democracies established in the second half of the 2010s and during a severe economic crisis accentuated by high levels of psychopolitical tension. The result is a complex scenario in which the already drawn facets of social unrest, institutional distrust and crisis of representation seem to be accentuated in the context of profound transformations derived from the digital revolution.
Keywords
Latin America, Judges, Democracy.
Cuatro décadas de asentamiento democrático: de las transiciones a la democracia a las democracias fatigadas
El asentamiento del poder bajo parámetros democráticos en buen número de países tras lo que vino a denominarse la tercera ola democratizadora, que tuvo lugar en el último cuarto del siglo XX, es un hecho de sobra conocido. La democracia se configuró como una forma de ejercicio del poder en la que las elecciones periódicas como mecanismos para alcanzarlo desempeñaron un rol crucial. No obstante, se veía acompañada de otros aspectos institucionales en torno al Estado de derecho, como el equilibrio de poderes, de valores articuladores de la convivencia y de cierto nivel de igualdad socioeconómica. Ello significa que la relación entre las elecciones y la democracia es unívoca. Esta no existe si no se llevan a cabo aquellas, pero las elecciones por sí solas no traen consigo la democracia.
Desde la teoría política este escenario ha sido contemplado a partir de 2011 por analistas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia bajo el paraguas del ambicioso proyecto de investigación denominado Variedades de la democracia. Su visión es relativamente sencilla: conciben la democracia como un poliedro de cinco caras diferenciadas del conjunto general como cinco variedades: la electoral, la deliberativa, la igualitaria, la liberal y la participativa. Cada una de ellas es descompuesta en diferentes componentes que son medidos por expertos con escalas simples en relación con su nivel de observancia, generándose un índice que permite analizar su evolución a lo largo del tiempo y compararlas de un país a otro.
Con muy pocas excepciones, la política latinoamericana en las últimas cuatro décadas ha girado fundamentalmente en torno a la dimensión electoral de la democracia (Romero Ballivián, 2020). Esta variedad pone el énfasis en la libertad de asociación y expresión, en elecciones limpias, en la extensión del sufragio y en la existencia de cargos públicos electos. El hecho electoral se ha satisfecho razonablemente bien en América Latina con comicios celebrados de manera periódica, con participación ciudadana media-alta y con resultados reconocidos por las partes y facilitando la alternancia gobierno-oposición. Los datos del referido proyecto de investigación sueco validan esta circunstancia al situar los índices de la democracia electoral a lo largo del tiempo por encima de los otros cuatro. En gran medida esto es así por una combinación venturosa, en términos generales, de instituciones que han funcionado correctamente y de una ciudadanía cuyo comportamiento ha seguido pautas de indudable madurez.
Gráfico 1.
Fuente: V-DEM
El Gráfico 1 pone de relieve que en 1978 el rango de los índices de las cinco variedades oscilaba entre el 0,239 de la democracia electoral al 0,362 de la democracia igualitaria. Este escenario pasó en 2020 a valores que para las cinco variedades superaban al 0,525 y llegaban en el caso de la democracia liberal al 0,630. Sin embargo, los valores más altos en las series se habían obtenido años atrás; en concreto, en 2008 la democracia deliberativa alcanzó el índice de 0,739, en 2011 la igualitaria llegó a 0,579, en 2002 la electoral tuvo un índice de 0,670, en 2003 el índice de la liberal fue de 0,668, y en 2011 la democracia participativa alcanzó su valor máximo de 0,613.
Paralelamente, la región ha visto un auge de la presencia del Poder Judicial como nunca en su vida política como contrapoder sobre todo del Ejecutivo, poder predominante por excelencia en la traición política latinoamericana, puesto de relieve por el alto número de presidentes encausados y condenados en el último cuarto de siglo. Además, se registra una característica relevante en el desempeño democrático: el grado de alternancia logrado como consecuencia de los comicios periódicos. Así, la oposición ha venido teniendo un nivel consolidado en sus probabilidades de llegar a ser gobierno que han alcanzado el 0,57 (Alcántara, 2020a: 532-534).
Sin embargo, la peculiar variación de los índices de las diferentes variedades de la democracia puesto de relieve con el referido descenso registrado en la última década (ver Gráfico 1) suscita una voz de alarma con relación a su situación actual. Ello da pie a llevar a cabo un esfuerzo de conceptualización de la situación para entenderla mejor. Es en este sentido en el que se puede hablar de democracias fatigadas a resultas del malestar social gestado, la minusvaloración de la democracia, el incremento de la desconfianza en las instituciones representativas y la crisis de la representación política existente que se ceba en los profundos cambios registrados en los partidos políticos y en los sistemas de partidos (Alcántara, 2019a y 2020a).
El generalizado malestar social, patente en la toma de las calles en diferentes países en el segundo semestre de 2019, tiene como origen, en primer lugar, el mantenimiento de patrones de desigualdad y de exclusión social, con pautas de distribución de la riqueza muy deficientes. En segundo lugar, la corrupción extendida en la región por el fenómeno Oderbrecht, al que se suman peculiaridades nacionales, goza de una notable visibilidad que le hace ser más insoportable. En tercer lugar, se debe tener en cuenta el imperio cultural del neoliberalismo que no es sino el capitalismo del me gusta (Han, 2014: 30) que potencia respuestas individuales y egoístas confrontadoras de quehaceres tradicionales de acción colectiva y de lógicas de solidaridad en un escenario extremo de sociedades líquidas (Bauman, 2006). Ello se da en un contexto nuevo definido por tecnologías que se han asentado de manera exponencial en el ámbito de la comunicación y de la información (Alcántara, 2020b), y en el descenso en diez puntos porcentuales del apoyo a la democracia1.
Paralelamente, debe tenerse en consideración el deterioro del papel clásico de los partidos políticos en su función primordial de intermediación (Alcántara, 2019a). Este cambio dramático impulsado por la revolución digital se proyecta en el hecho de que sufren una dramática pérdida de identidad y son capturados por parte de candidatos que priman proyectos de marcado carácter personalista. Además, los sistemas de partidos son vapuleados por la alta volatilidad electoral y por su constante fragmentación. Si estas circunstancias se pueden encontrar también en Europa, en América Latina se ven agravadas por el presidencialismo que potencia a figuras individuales en las candidaturas, así como la lógica de que el ganador se lo lleva todo.
La pandemia
de COVID-19
en América Latina
Sobre el escenario de democracias fatigadas plenamente vigente al inicio de 2020 América Latina se confrontó con la pandemia a partir de los últimos días de febrero de ese año. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de esta han dado lugar a un número destacable de estudios2 que han puesto de relieve la heterogeneidad del suceso en un marco, sin embargo, de generalizado y simultáneo impacto, como queda de relieve en la Tabla 1. Además, se registró una pronta reacción político-jurídica, en términos de la suspensión de garantías (para todos los países salvo Brasil, México y Nicaragua), y en el ámbito electoral hubo una respuesta ambivalente: de los 19 países considerados, en ocho no se dieron comicios en el lapso de 18 meses considerado a partir del 1 de marzo de 2020 y en los restantes sólo tuvo un notable impacto en Bolivia, Chile, R. Dominicana, casos en los que debieron aplazarse (sobre los que volveré más adelante) y, en menor medida, Brasil (municipales) y Argentina (primarias).
Aunque hay momentos como los generados por una pandemia -que por encima de todo es un fenómenos social- en los que las cosas parecen quedar al albur de la incertidumbre más completa, la vida está construida pese a todo en torno a rutinas, algo a lo que la política no es ajena. La cadencia de los comportamientos en torno a cierto tipo de pautas conduce a lo que se denominan procesos de institucionalización, que admiten diferentes expresiones. Estas siguen estando presentes aun en el fragor de la crisis generalizada que invade América Latina. Una región con sólo el 8% de la población mundial pero cuya cifra del total de muertes por la COVID-19 es de un tercio del total mundial, cuyo PIB tuvo una caída del 7,4% en 2020 y la deuda promedio en la región -que estaba en torno al 58% del PIB en 2019- subió al 72 % en 2020. Además, la desescolarización sufrida por la población joven a lo largo de un largo año ha contribuido notablemente a agudizar una pandemia diferente de características psicosociales.
Tabla 1. Fechas clave de la COVID-19 en América Latina
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País |
Fecha 1º contagio |
Fecha 1º fallecido |
Fecha de 1º suspensión de garantías |
Aplazamiento electoral |
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Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú R. Dominicana Uruguay Venezuela |
3 de marzo 10 de marzo 26 de febrero 3 de marzo 6 de marzo 6 de marzo 11 de marzo 29 de febrero 18 de marzo 13 de marzo 11 de marzo 27 de febrero 18 de marzo 9 de marzo 7 de marzo 6 de marzo 22 de febrero 13 de marzo 13 de marzo |
7 de marzo 28 de marzo 18 de marzo 20 de marzo 16 de marzo 18 de marzo 22 de marzo 13 de marzo 31 de marzo 15 de marzo 27 de marzo 18 de marzo 26 de marzo 10 de marzo 20 de marzo 19 de marzo 16 de marzo 28 de marzo 26 de marzo |
19 de marzo 21 de marzo No hubo 18 de marzo 17 de marzo 16 de marzo 2 de abril 16 de marzo 14 de marzo 6 de marzo 16 de marzo No hubo No hubo 13 de marzo 16 de marzo 15 de marzo 20 de marzo No hubo 17 de marzo |
Sí Sí Sí Sí No hubo No hubo No hubo No No No hubo No No No hubo No hubo No hubo No Sí No hubo No |
Fuente: Martí y Alcántara (2020) y elaboración propia
Sin embargo, como pone de manifiesto la Tabla 2, el impacto en los diferentes países en cuanto al número de contagios y de muertes está siendo diferente, así como su ritmo de crecimiento en un año largo. De hecho, y dejando de lado los países sobre los que hay serias dudas acerca de la bondad de sus datos, la región recoge a dos países con un impacto alto -superior a 2 fallecidos por mil habitantes- (Brasil, y Perú -el primero, recuérdese, donde el Poder Ejecutivo se negó a poner en marcha medidas extraordinarias) y México, Colombia, Argentina y Chile con un impacto medio alto -entre 1,5 y 1,8 fallecidos por mil habitantes-. Panamá, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay se sitúan en la franja de 1 a 1,5 fallecidos por mil habitantes a la que se aproxima Costa Rica.
Por último, y no por ello menos importante, se deben tener en cuenta los efectos generados por un proceso de vacunación extremadamente lento llevado a cabo en todos los países de la región, salvo en el caso chileno, cuyo ritmo fue mayor. A la circunstancia vinculada con los efectos sobre la inmunidad debe sumarse el nivel de percepción de la sociedad sobre la eficacia y eficiencia de sus gobiernos en las campañas de vacunación. Todo ello puede contribuir a la generación de un sólido argumentario a la hora de demandar responsabilidades políticas que se proyecten en los comicios que se celebren a corto y medio plazo.
Tabla 2. Evolución del número de contagios* y de muertes**
por millón de habitantes en América Latina*
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País |
Contagios 30 de junio 2020 |
Contagios 31 de mayo 2021 |
Muertes 30 de junio 2020 |
Muertes 31 de mayo 2021 |
|
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú R. Dominicana Uruguay Venezuela |
1.326 2.701 6.330 14.229 1.804 614 207 3.132 952 945 1.826 1.682 328 7.345 298 8.746 2.892 267 186 |
82.981 31.416 77.348 71.854 66.302 62.101 12.567 23.818 11.311 13.966 23.709 18.543 1.094 86.390 49.274 58.564 26.745 84.512 8.256 |
28 87 271 288 61 3 8 251 25 41 48 207 11 140 2 283 67 8 2 |
1.714 1.229 2.164 1.521 1.728 787 85 1.150 346 448 632 1.718 28 1.456 1.274 2.077 331 1.227 93 |
Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Las cifras de Perú en negrita relativas al 31 de mayo de 2021 fueron corregidas por fuentes oficiales el 1 de junio de 2021 situando el número de muertes en 5.500 por millón de habitantes
* Hay que tener en cuenta la relatividad de estas cifras puesto que se basan en la mayor o menor capacidad de rastreo de la presencia del virus de cada país
** Hay que tener en cuenta la relatividad de estas cifras que en la mayoría de los casos están por debajo de los casos reales como lo muestran los distintos análisis que tienen en cuenta el denominado exceso de mortalidad. Ver al respecto https://elpais.com/mexico/2021-04-30/la-gestion-de-la-pandemia-en-mexico-ha-sido-un-fracaso-fenomenal.html del 30/04/21
La política en tiempos de pandemia
La pandemia ha traído consecuencias notables en diferentes ámbitos en la arena política. En este sentido, se pueden encontrar al menos ocho aspectos en los que el impacto es relevante:
- La concentración de poderes en el seno del Ejecutivo tanto en el seno de la pugna con los otros dos poderes como en términos territoriales.
- La extensión, a veces contradictoria y otras poco explicada, de diferentes situaciones en las que se redujeron derechos fundamentales.
- La mayor relevancia del papel del Estado como suministrador de servicios, así como de protección social, y la asunción del ejercicio del monopolio de la violencia legítima, dándose, a la vez, la constatación de su precariedad estructural tras años de achicamiento por el imperio de medidas neoliberales.
- La revalorización de las agendas nacionales en un momento en que se pensaba que lo global las había arruinado.
- El uso en la confrontación política de las medidas tomadas o dejadas de tomar por los gobiernos con una paralela ausencia de grandes acuerdos de estado, pero que, a la vez, puso de relieve en la mayoría de los países la debilidad, cuando no inexistencia, de la muy fragmentada oposición política.
- La expansión de la psicopolítica como consecuencia de los confinamientos, la penuria y el constante incremento de la desigualdad.
- La sensación de la población de descontrol por parte de las autoridades sanitarias puesto de relieve en los frecuentes cambios de los ministros máximos responsables
- El mantenimiento de pautas de corrupción vinculadas a la propia gestión de la lucha contra la pandemia con nepotismo y opacidad en la compra de las vacunas, así como en la gestión de su suministro.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, hay dos cuestiones íntimamente ligadas que tienen un protagonismo universal relevante como consecuencia del desarrollo de la democracia cuyo devenir resulta más relevante. Se trata del sufragio como mecanismo de elección de las autoridades y del Estado de derecho en tanto que estructura dotada de instrumentos que hacen factible la dominación legal-racional. Ambas continúan vigentes en medio de la pandemia en buena parte del globo. Es por ello por lo que un análisis coyuntural de cualquier escenario no suele dejarlos de lado. El caso de América Latina en la primera mitad de 2021 no es diferente.
Las elecciones bajo la COVID-19
Cierto que en lo referido a las elecciones su agenda juega con la concentración de los comicios en momentos distintos y que en ese sentido 2020 y 2021 pueden considerarse meramente un paréntesis entre el ciclo de 2017-2019 y antesala del que tendrá mayor relevancia a partir de 2022, pero las citas acaecidas, máxime si se tienen en cuenta también niveles subestatales no son desdeñables. De hecho, seis países han celebrado elecciones de un tipo u otro a lo largo de la primera mitad de 2021. Por consiguiente, en un plazo tan reducido un tercio de los países que habitualmente se analizan bajo el paraguas “latinoamericano” quedan cubiertos.
El apelativo de institucionalización electoral sigue, por tanto, su curso. Aunque se trata de comicios de naturaleza distinta las pautas establecidas no quiebran las dinámicas que poco a poco se han ido gestando en clave de fatiga. Por otra parte, la realidad de la pandemia ha condicionado las campañas electorales relegando los encuentros presenciales y potenciando aun más el imperio de las redes sociales.
Cuadro 1. Concentración electoral, competitividad, participación
y alternancia presidencial (2020-primer semestre de 2021)
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País (Fecha) |
Número de candidaturas presidenciales |
Concentración porcentual del voto presidencial en las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta |
Diferencia porcentual del voto presidencial entre las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta |
Diferencia porcentual del voto presidencial entre las dos candidaturas más votadas en la segunda vuelta |
Participación electoral |
Reversión del resultado de la 1ª vuelta |
Alternancia presidencial |
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1º vuelta |
2º vuelta |
|||||||
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Bolivia (18/10/2020)
Ecuador (07/02/21 - 11/04/21)
Perú (11/04/21 - 06/06/21)
R. Dominicana (05/072020) |
5
16
18
6 |
84,0
52,4
32,3
89,0 |
26,3
13,0
5,5
15,1 |
No hubo
4,7
0,4
No hubo |
88,4
81,0
70,1
55,3 |
82,6
74,6
|
No hubo
SÍ
NO
No hubo |
NO
SÍ
SI
SÍ |
(En negrita: elecciones que debieron aplazarse por la pandemia)
Fuente: Elaboración propia
Poniendo el acento en lo acontecido en el primer semestre de 2021, El Salvador, en elecciones legislativas con una leve mejora en la participación -aunque apenas superando la mitad del censo- consolidó el dominio mayoritario del presidente Nayib Bukele y sancionó la aparición de un nuevo partido con vocación hegemónica, Nuevas Ideas. Esta formación está articulada por un programa confuso e integrada por caras nuevas alineadas en torno al tirón que protagoniza el caudillo más joven de la región. El alto apoyo legislativo con que goza el Poder Ejecutivo unido a la elevada popularidad del presidente configuran un escenario clásico de bonapartismo con el consiguiente riesgo de deterioro democrático.
En Bolivia, las elecciones municipales y departamentales, con una participación en torno a las cifras habituales del país del 80%, mostraron la pujanza mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) tras 15 años en el poder frente a una oposición muy fragmentada. El MAS mantuvo el 48,3% del voto popular (frente al 53,5% que obtuvo en 2015), ganó 240 de los 336 municipios del país (en los que en 129 consiguió mayoría absoluta) y tres de los nueve departamentos debiendo ir a segunda vuelta en cuatro. El gobierno de Luís Arce, elegido en el último trimestre de 2020, consolida así con cierta calma el legado de Evo Morales que suelta las riendas de control del partido pasando, de alguna manera, a segundo plano
Dieciséis candidatos se confrontaron en la primera vuelta celebrada en Ecuador en febrero de 2021 en la que la participación se alzó hasta el 81% del censo. Los dos candidatos más votados concentraron poco más del 52% y entre el segundo y el tercero el recuento oficial señaló una exigua diferencia de 30.000 votos que fue impugnada por el candidato de una coalición suscitada alrededor del partido indígena Pachakutik, Yaku Pérez. Andrés Arauz, depositario del capital político del expresidente Rafael Correa, imposibilitado para ser candidato y huido de la justicia ecuatoriana, se enfrentó en la segunda vuelta al banquero guayaquileño y varias veces candidato Guillermo Lasso. El voto en blanco y nulo, en comicios donde el sufragio es obligatorio, pasó del 12,6% en la primera vuelta al 17,9% en la segunda. El errático gobierno de Lenin Moreno, delfín inicial de Correa, pasará a la historia como uno de los más irrelevantes. En cuanto a las elecciones legislativas, Ecuador volvía a tener una Asamblea muy fragmentada, como sucedió desde 1979 hasta el afianzamiento del correísmo, con la presidencia histórica de una mujer indígena amazónica del Pachakutik, Guadalupe Llori.
De relevancia menor, las elecciones primarias que han vivido los partidos de Honduras para elegir las candidaturas, que concurrirán en los comicios del 28 de noviembre por su muy baja participación han puesto de relieve el desgaste que sufren los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal), así como LIBRE, que intenta capitalizar el descontento en la última década.
El 11 de abril de 2021, además de Ecuador, Perú celebró sus elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales ante las que volvieron a concurrir un número récord de candidatos confirmando que la política en el país alcanza unas altas cotas de individualismo y que las preferencias de la ciudadanía se van construyendo de manera artesanal a partir de una indefinición que alcanza a más de un tercio del electorado. Tras la primera vuelta, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular lograron pasar a la segunda vuelta recabando entre ambos algo menos de un tercio del electorado, el menor bagaje recogido por las dos candidaturas más votadas en los últimos cuarenta años. En la segunda vuelta, celebrada el 6 de junio de 2021 con un incremento de 4,6 puntos en la participación, Castillo se alzó con el triunfo superando en poco más de 60.000 votos a Fujimori (0,4% del total sufragado)3.
Pedro Castillo goza de reducida experiencia política y es más conocido como líder del sindicato de maestros. Su principal debilidad radica en el hecho de haber sido el candidato de un partido del que no se hizo miembro sino para concurrir a las elecciones y con el que mantiene cierto antagonismo por su confrontación con su líder Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín, pero también por tener un apoyo parlamentario muy limitado ya que apenas cuenta con un grupo propio de 37 diputados4 a los que se pueden sumar los cinco de Juntos Por el Perú en un Congreso compuesto por 130 miembros. Este escenario hace inviable sacar adelante una de las propuestas de Castillo, la convocatoria de una Asamblea Constituyente con independencia de hacer muy difícil su acción de gobierno, cuyo eje fundamental se articula sobre un estatismo social (economía popular con mercado) y sobre valores conservadores. Todo ello se da en un país en el que el Congreso es muy poderoso viniendo de destituir a tres presidentes en el periodo 2016-20215 en cuyo interludio el propio parlamento fue disuelto constitucionalmente por el presidente debiéndose elegir uno nuevo en 2020.
Chile, después de un aplazamiento, ha desarrollado los comicios durante los días 15 y 16 de mayo de 2021 para alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes en los que la mira también ha estado puesta en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre en las que el presidente Sebastián Piñera no será candidato. A la circunstancia de tratarse de una cita para elegir una Asamblea de 155 miembros, que intentará elaborar una nueva Constitución en el plazo de doce meses y requiriéndose una mayoría de dos tercios que reemplace a la redactada bajo el régimen de Pinochet en 1980 y luego varias veces reformada, se unió el hecho histórico de la elección por primera vez de los gobernadores de las 16 regiones del país por mayoría absoluta a doble vuelta quebrándose así el tradicional centralismo del país. Si en el referéndum de octubre de 2020, también retrasado por la pandemia, que decidió la apertura del proceso constituyente y su mecanismo, se dio una participación del 50,9% en la cita de mayo acudió a las urnas el 44% del electorado. De los 155 miembros, en los que por primera vez en la historia del país hay paridad de género, 48 convencionales postularon por listas independientes de los partidos políticos, es decir el 31%. Si se les suman los 40 electos que no militan, pero que llegaron a la papeleta amparados por alguna colectividad -de diferentes sectores-, la cifra de independientes en el órgano llega a un 64%, sin contar los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, habrá solamente 50 constituyentes que militan en partidos políticos.
El 6 de junio de 2021, México eligió a 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes en unos comicios que contaron con una participación ligeramente superior al 50%, constituyendo una cifra superior a la media en elecciones de medio término anteriores. Las elecciones se celebraron en un clima de cierta violencia con activa presencia del crimen organizado en algunos estados llegando a contabilizarse al menos 88 políticos asesinados en el lapso comprendido por los nueve meses previos a los comicios6. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no mermó en su apoyo político, como venía siendo tradicional en sus predecesores (que así les ocurría en la mitad de sus mandatos), su fuerza en el Legislativo disminuyó alejándose de la mayoría calificada que le habría dado el control irrestricto de la ansiada reforma política y quedando en manos de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México -un partido ideológicamente equívoco y de hechura empresarial- y el Partido del Trabajo, para mantener la mayoría absoluta7. No obstante, el partido del presidente, Morena, a pesar de perder alcaldías en la Ciudad de México, expandió su presencia en los estados al incrementar hasta 16 (de 32) el número de gobernaturas que pasó a controlar.
Finalmente, y en la medida en que Nicaragua debe realizar elecciones presidenciales a finales de 2021 y que constituye uno de los casos más flagrantes de deterioro democrático, su situación debe abordarse como exponente de un caso nacional con evolución negativa. La cooptación de los poderes del Estado y la falta de garantías del proceso electoral8. avizoran un escenario sombrío al que se añade el hostigamiento de la oposición a través de una judicatura controlada por el gobierno, de manera que en la primera semana de junio de 2021 cuatro líderes opositores fueron detenidos por distintos motivos siendo el caso más llamativo el de la principal candidata opositora Cristiana Chamorro (hija de la que fue presidenta Violeta Barrios) que quedó bajo el régimen de arresto domiciliario por decisión de una jueza que ordenó el allanamiento y su detención.
El estado de derecho bajo la pandemia
La segunda faceta de la política a la que me refería al inicio de este texto tiene que ver con el funcionamiento del Estado de derecho y, más en concreto, con el papel que viene desempeñando en los últimos años la justicia en América Latina. Al hecho de lo insólito que resulta contar con un alto número de miembros del Ejecutivo sentenciados por diversos delitos, o bajo procesos penales, o incluso fugados de la justicia, se une la denuncia de la denominada práctica del lawfare popularizada por el frente que constituyó el bolivarianismo9.
A lo largo de la primera mitad de 2021, los tribunales han tenido una notable intervención en la arena política de muchos países con decisiones que definen el terreno del juego para los próximos tiempos y que marcan el pasado reciente. En la compleja arena de las relaciones de poder no deja de haber tensiones que ponen de manifiesto posiciones de clara confrontación. Lo acontecido al respecto en Brasil, México y El Salvador en abril y mayo de 2021 es una evidencia de ello y prueba simultáneamente el deterioro de las cinco variedades de la democracia citadas más arriba, en el primero a partir de 2016, en el segundo después de 2018 y en el tercero tras 2019. En los dos primeros, pugnas políticas entre los poderes del Estado ensombrecen a los propios procesos electorales e incluso al órgano arbitral de los mismos. No obstante, además de estos tres países hay al menos otros cinco casos nacionales que vale la pena traer a colación.
Por la importancia del país y por redefinir la liza política ante los comicios de 2022 debe destacarse la sentencia del Tribunal Supremo de Brasil, que decidió el 15 de abril de 2021, por ocho votos a tres, confirmar el fallo en solitario que el mes anterior anuló las condenas contra el expresidente Lula por corrupción en el caso Lava Jato. La Corte ratificó que no debió ser juzgado en Curitiba, en el juzgado que entonces ocupaba el juez Moro, luego ministro de Justica en el primer gobierno de Jair Bolsonaro, por lo que las condenas allí impuestas quedaron anuladas y los expedientes serán juzgados en Brasilia. Por consiguiente, ello no significa que el expresidente haya sido absuelto, pues la decisión es que vuelva a ser juzgado por tres casos de corrupción en los que está acusado de recibir prebendas de empresas a cambio de contratos públicos, pero mientras tanto está plenamente habilitado para la contienda electoral de 2022, lo que supone un cambio drástico en las expectativas de la izquierda y del centroizquierda de concurrir con altas probabilidades de éxito a la cita electoral. Pero, paralelamente, no debe desdeñarse el conflicto mantenido entre la Corte Suprema y el gobierno de Bolsonaro al estallar la pandemia por la decisión de aquella a favor de la autonomía de los gobernadores y de los alcaldes para hacer frente a la COVID-1910.
En México, la contienda, cuando no desafío, de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial es notoria. Por una parte, el presidente de México ha pedido investigar al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro por suspender la Reforma Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, algo que supone un intento de violación de la autonomía de los jueces en México, un escenario de aguda confrontación11 y de preocupante intromisión, algo que también queda de relieve por la dudosa constitucionalidad de la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, que ha visto cómo el Senado ha prorrogado su mandato por dos años, una decisión denunciada por la oposición como inconstitucional que ha vuelto a evidenciar la injerencia del oficialismo en el ámbito del Poder Judicial. La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediatamente posterior. El Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de gobierno de los jueces, ha insistido en que ni ha elaborado ni ha solicitado la medida. Zaldívar ha sido una figura de extraordinaria importancia en el complejo asunto de la reforma energética que es uno de los proyectos estrella del presidente López Obrador. El presidente de México, que cuenta con una tasa de aprobación del 63%12, envió en marzo una carta a Zaldívar pidiéndole formalmente una investigación del juez que suspendió temporalmente la aplicación de la nueva ley.
Este escenario no se aleja del que se da en Argentina, donde la tensión entre la presidencia y los tribunales se agudiza una vez más y en ese contexto el presidente Alberto Fernández ha tomado la iniciativa al nombrar al diputado kirchnerista Martín Sosa como ministro de Justicia. De esta manera se redefine la permanente confrontación existente, tras el mensaje al Congreso en la inauguración del curso político de aquel contra el Poder Judicial. Por otra parte, el abogado Fabián (“Pepín”) Rodríguez Simón, uno de los principales “operadores judiciales” de Mauricio, Macri abandonó el país y pidió asilo político en Uruguay. Durante su gestión trasladaban a los tribunales las presiones o deseos del poder político”13 evidenciando la utilización de los jueces para conseguir fines políticos y amedrentar a los adversarios.
En Bolivia, una jueza ha dictado cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez acusada de sedición y terrorismo por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Evo Morales del poder. Paralelamente, el gobierno de Luís Arce impulsó órdenes de aprehensión contra cinco exministros siendo el caso más notable el de la detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, figura clave del gobierno de Áñez, acusado de sobornos y lavado de dinero.
Por otra parte, en Colombia, frente a una Corte Suprema perspicaz, la Fiscalía General debe definir si acusa al expresidente Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos que ya lo mantuvo más de dos meses en detención domiciliaria.
En El Salvador, la nueva Asamblea Legislativa que como ya se señaló más arriba es afecta sin restricción alguna al presidente Nayib Bukele (64 de los 84 escaños que la integran pertenecen al partido oficialista Nuevas Ideas), en su primer acto tras su toma de posesión el primero de mayo de 2021, destituyó a los cinco magistrados titulares y a los cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta de la Sala fue la declaración de inconstitucionalidad de dicho acto14 abriendo un grave problema en las relaciones entre los poderes del Estado15. Además, en junio de 2021 el gobierno de Bukele decidió dar por finalizado el acuerdo marco suscrito con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que puso en marcha la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
En esta última dirección, deben considerarse, aunque en un contexto diferente, dos países cuyo ejercicio de la justicia vino acompañado de un inédito (y fallido) proceso de cooperación internacional para tratar de superar la cooptación de aquella por parte del crimen organizado. En el primero, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), amparada por Naciones Unidas, vino realizando una labor encomiable durante 13 años contra la corrupción sistémica enquistada en el estado y en diferentes sectores de la sociedad. En el segundo se articuló en 2016 bajo tutela de la Organización de Estados Americanos la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH).
La CICIG fue disuelta a finales de 2019 por el gobierno del anterior presidente Jimmy Morales y la connivencia del nuevo, Alejandro Giammattei, mientras que la MACCIH funcionó hasta que en 2020 fue disuelta por el presidente Juan Orlando Hernández, quien ya había manipulado su reelección, así como el resultado electoral en su favor en 2017. En ambos países, las decisiones de clausura recibieron el aplauso de redes político económicas ilícitas y evidencian cómo la precariedad del estado mina cualquier base para el ejercicio de la justicia aportando una peculiaridad al escenario descrito con respecto a los otros casos nacionales referidos. Hoy, en Guatemala, el presidente acaba de cerrar la nueva composición de los diez magistrados de la Corte de Constitucionalidad envuelto en una seria polémica por falta de transparencia y en Honduras el presidente se enfrenta a serias acusaciones por narcotráfico desde tribunales en Estados Unidos.
La fatiga de las democracias se hace crónica
El impacto de la pandemia en la política de la región a inicios de junio de 2021 es difícil de precisar, faltos todavía de estudios comparados de opinión pública. Un análisis prospectivo puede seguir tres ejes:
- El primero, referido a aspectos individuales derivados de los efectos mentales gestados en las personas a lo largo de los confinamientos y de la extensión, en mayor o menor medida, del miedo.
- El segundo, en función del deterioro sufrido por las economías nacionales, con tasas de deterioro históricas que han enviado a la pobreza a amplios sectores, que a duras penas habían logrado salir de la misma en la década 2003-1013.
- Finalmente, los propios cambios en el terreno político, que mezclan un intenso proceso de digitalización con la concentración del poder en manos del Ejecutivo que, por otra parte, sufre un generalizado descrédito.
De los referidos ejes hay ya diversas evidencias empíricas generales, algunas de las cuales subrayan el hecho de que la región confronta la peor crisis económica y social de los últimos cien años de acuerdo con lo afirmado por la secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Bárcena, 2021: 74). Asimismo, se contabiliza un profundo impacto en el incremento de la pobreza y de la extrema pobreza. En efecto, según las proyecciones hechas por la CEPAL, habida cuenta de la extensión generalizada de la economía informal (particularmente golpeada por la pandemia), la pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando al 33,7% de la población, mientras que la cifra de los pobres extremos (aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación) alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas: 12,5% de la población16.
Las movilizaciones sociales del último trimestre de 2019, que tuvieron especial relevancia en Chile y Colombia, interrumpidas por la pandemia, están comenzando a activarse como consecuencia de una combinación de factores que siguen los ejes recién enunciados. El caso sin duda más relevante lo constituye Colombia, donde la caída del 6,8% de su PIB en 2020 ha sido la mayor desde que hay registros, junto con el crecimiento del desempleo que, en medio de las disposiciones de confinamiento más estrictas, se ubicó por encima del 20%, cerrando al año de la pandemia en el 15,9%. Además, la pobreza monetaria subió hasta el 42,5%, de modo que, en total, casi 3,6 millones colombianos cayeron en la pobreza en 2020, producto de la mayor recesión económica de los últimos 120 años derivada de la COVID-19 y de las medidas del gobierno para contener el contagio17. Este escenario, que supone un retroceso de cerca de una década, ha suscitado la necesidad de atender el enorme déficit, dando pie al gobierno de Iván Duque a plantear una reforma fiscal. Esta propuesta fue ampliamente cuestionada con movilizaciones sociales que comenzaron el 28 de abril de 2021, reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad del estado y dando cabida, a veces, a expresiones violentas por parte de algunos manifestantes. El resultado inmediato supuso que el presidente retirara su propuesta cinco días después y, lo que fue más dramático, medio centenar de manifestantes murieron en los enfrentamientos, lo que alentó la continuidad de las protestas dando pie a un protagonismo político del autodenominado Comité Nacional de Paro con escasos resultados hasta su debilitamiento en junio. El desánimo y el desamparo de amplios sectores populares, unidos al incremento del descrédito de la política ante la percepción de la ineficacia de las medidas tomadas, fueron el acicate para mantener la protesta durante semanas, además alimentada por la errática planificación de la vacunación y el mantenimiento de patrones de corrupción. Por su parte, el presidente Duque debió realizar cambios de profundo calado en su gabinete, en ministerios tan sensibles como Economía, Relaciones Exteriores, Comercio y Cultura, evidenciado el serio nivel de la crisis.
Aunque la apertura del proceso de cambio constitucional en Chile atendió al viejo reclamo de clausurar el legado (más simbólico que real) de Pinochet y respondió al clamor callejero de finales de 2019, los pasos emprendidos no han hecho más que evidenciar los problemas que tal empeño conlleva e incrementar la fatiga que envuelve a la democracia. Sólo el señuelo de un cambio con características profundas de las reglas de la política en el país mantiene abierta una vía esperanzadora. Por un lado, existen complicaciones que son de naturaleza técnica, pues no hay evidencias recientes de cambios constitucionales, salvo los casos bolivarianos (que no aplican en absoluto), pero también se dan dificultades en la agenda de un proceso que se demoró en dos ocasiones por la pandemia, al alimón del calendario electoral ordinario con una convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas en noviembre. En cuanto a las secuelas de la democracia fatigada, que pueden constatarse en el caso chileno como un buen ejemplo de lo que acontece en otros países de la región, estas se nutren del creciente malestar de la gente, al que se une la crisis generalizada de la representación, en una sociedad que se ha visto envuelta en un cambio exponencial en las últimas dos décadas de la mano de la revolución digital.
La bajísima tasa de participación en Chile, como la que se da en otros países ya referidos, es un indicador de ello, a pesar de que por primera vez se desdobló la cita electoral en dos jornadas y se dió el aliciente de unos comicios (inéditos) para elegir a la primera autoridad de las regiones; también lo es la profunda fragmentación de las opciones políticas que van a constituir la Asamblea, como sucede en un escenario de paroxismo en Perú, aunque también en Ecuador y en México, donde los partidos tradicionales han obtenido pésimos resultados; y, finalmente, el ascenso de candidaturas independientes que reflejan el individualismo rampante.
La fatiga se ve alimentada también por procesos de militarización de la política que parecían periclitados. Uno de los rasgos más peculiares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la creciente dotación de poderes a las fuerzas armadas en cuestiones relativas tanto a la construcción de infraestructuras como a la paulatina militarización del orden público18. De igual manera, Jair Bolsonaro, de origen profesional militar, ha posicionado a los militares brasileños con una presencia notable en su gabinete.
Sin embargo, la pandemia está sirviendo para abrir nuevos horizontes que podrían revitalizar a la política en la región. Aunque se mantienen los patrones del extractivismo, se está logrando habilitar discusiones sobre la transición ecosocial, la reforma tributaria, las diferentes formulaciones sobre el ingreso básico universal y el paradigma de los cuidados (Svampa, 2021) en una suerte de replanteamiento del fallido modelo neoliberal. De hecho, es interesante constatar el mayor desarrollo de la protección social durante la pandemia en Brasil, aunque pareciera contradictorio, y en México, Colombia o Argentina (Blofield et al., 2021).
Consideraciones finales
Además de todo lo anterior, y ateniéndose al contexto, el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el último cuarto de siglo impone una agenda que necesariamente tiene que ser considerada en un ámbito muy diferente (Alcántara, 2019b). Ello acompaña a lo enunciado en los apartados anteriores de este texto. Su alcance universal no escapa a la realidad latinoamericana. En este sentido, cuatro elementos llaman poderosamente la atención.
En primer lugar, hay que considerar que hoy la política debe tener en cuenta que el sujeto de la misma, el individuo, vive en un contexto de alienación que, si bien es diferente al que articuló una profusa carga teórica el siglo pasado, se encuentra definido por un proceso de intensa hiperindividualización en un marco de insólita presencia de las citadas TIC. Esta situación hace que la acción colectiva sea muy diferente porque se articula a través de unos mecanismos ajenos a la tradicional movilización social o a la clásica vida de partido. De esta manera, las potenciales reformas en el seno de la representación, referidas tano al Poder Legislativo como a su relación con el Poder Ejecutivo, pareciera que deberían formularse a la carta, algo para lo que la inteligencia artificial puede ayudar enormemente, pero, inmediatamente, se registra el problema de la propia definición de las TIC, en el sentido de la inexistencia aparente de intermediadores suficientemente representativos.
De hecho, y este es el segundo punto, el desarrollo de la inteligencia artificial puede conducir a una vía autoritaria, poniendo en riesgo las variedades de la democracia referidas al inicio de este texto. El neologismo en inglés aithoritarianism19 es la amenazante vía resultante que se interroga por el lugar que va a ocupar la decisión política en un mundo dominado por los algoritmos donde, como ha apuntado Han (2014: 109), la voluntad general rousseauniana no sea sino la media de aquellos, como en el escenario presente, dibujado por la inteligencia artificial, en el que imperan los datos: la voluntad general se forma sin comunicación alguna. Se forma de valores estadísticos intermedios.
Esto conduce al tercer punto, relativo al desfase de las instituciones políticas en función de lo que acontece en la calle, según se constata permanentemente. La propia idea de representación, tan atada al desarrollo de la democracia, está articulada en mecanismos dieciochescos concretos y simbólicos. Aspectos como las reuniones en sede parlamentaria, las campañas electorales, los sondeos de opinión o los referidos a la jornada electoral con el ritual de desplazarse hasta el lugar de votación son difícilmente compatibles para una sociedad que compra cualquier cosa mediante su celular o que maneja una criptomoneda gracias a una forma novedosa de construcción de confianza.
Por último, el asunto se complica por el hecho de que la propia inteligencia artificial está en manos de empresas privadas, siendo los poderes públicos, por ahora, unos meros observadores de lo que acontece. Hasta hace poco se creía tener enfrente al Estado como instancia de dominación que arrebataba información a los ciudadanos en contra de su voluntad. Sin embargo, esa época quedó atrás. Hoy las personas dan información de cualquier aspecto de su vida de forma voluntaria y sus actividades son monitoreadas y captadas permanentemente. Las empresas tecnológicas utilizan inteligencia artificial para convertir esta información en productos predictivos que anticipen el comportamiento de cada individuo (no sólo en lo que a hábitos de compra se refiere) y comercian con ellos en el nuevo mercado de futuros de comportamiento (Zuboff, 2019). Por ello, la posibilidad de evaluar, por ejemplo, las relaciones ejecutivo/legislativo, tan relevantes en el orden político latinoamericano, requiere alcanzar unos objetivos mínimos relativos a la realidad circundante con nuevos instrumentos más pertinentes, algo que todavía es poco menos que quimérico. Sólo tareas cosméticas y de un incrementalismo exasperante tienen visos de poder salir adelante, como siempre fue, pero con resultados, esta vez, más decepcionantes que nunca (si cabe) contribuyentes a la esclerosis de las democracias fatigadas.
Referencias
bibliográficas
Alcántara, M. (2019a). “Los partidos y la fatiga de la democracia. Especial referencia para el caso de América Latina”. Revista Derecho Electoral, Nº 28, pp. 1-24. Costa Rica.
- - - - - - (2019b). “Las constricciones de la agenda de las reformas políticas. A propósito de la división de poderes”. FORUM. Revista Departamento Ciencia Política, Nº 16, pp. 203-212. Colombia.
- - - - - - (2020a). “América Latina vota (2017-19): Elecciones en el marco de una democracia fatigada”. En Alcántara Sáez, M. (dir.) América Latina vota, 2017-2019. España: Tecnos.
- - - - - - (2020b). “El estudio de la política en la era digital”. En Alcántara Sáez, M. y Cardona Restrepo, P., Dilemas de la representación democrática. España: Tirant lo Blanch.
Avritzer, L. (2021.) “Brasil: crisis política, pandemia y judicialización”. Latinoamérica21, 11 de mayo. Recuperado de https://latinoamerica21.com/es/brasil-pandemia-crisis-politica-y-judicializacion/.
Bárcena, A. (2021). “Efectos socioeconómicos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe y perspectivas de recuperación”. Pensamiento Iberoamericano, 3º época, enero, pp. 62-87.
Bauman, Z. (2006). Vida líquida. España: Espasa.
Blofield, M., Lustig, N. y Trasberg, M. (2021). “La protección social durante la pandemia: los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México”. Pensamiento Iberoamericano, 3º época, enero, pp. 110-124.
Castiglioni, R. (2020). “La política chilena en tiempos de pandemia. Entre la (des)movilización social y la crisis sanitaria”. Nueva Sociedad, Nº 287, mayo-junio. Recuperado de https://www.nuso.org/articulo/la-politica-chilena-en-tiempos-de-pandemia/.
Fuchs, M.C. y Querido, L. (ed.) (2021). COVID-19, Estado de Derecho y Procesos Electorales en Latinoamérica. Colombia: Fundación Konrad Adenaueur.
Han, B. C. (2014). Psicopolítica. España: Herder.
Malamud, C. y Nuñez, R. (2021). “La democracia latinoamericana tras un año de epidemia”. ARI 42. España: Real Instituto Elcano. Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari42-2021-malamud-nunez-democracia-latinoamericana-tras-un-ano-de-pandemia.
Martí, S. y Alcántara, M. (ed.) (2020). Política y crisis en América Latina. Reacción e impacto frente a la COVID-19. España: Marcial Pons.
Natason, J. (2020). “Argentina, el virus y el presidente”. Nueva Sociedad, Nº 287, mayo-junio. Recuperado de https://www.nuso.org/articulo/argentina-el-virus-y-el-presidente/.
Romero Ballivián, S. (2020). Elecciones en América Latina. Bolivia: Tribunal Supremo Electoral - IDEA Internacional.
Stefanoni, P. (2020). “Brasil: pandemia, guerra cultural y precariedad. Entrevista a Lena Lavinas”. Nueva Sociedad, Nº 287, mayo-junio. Recuperado de https://www.nuso.org/articulo/brasil-pandemia-guerra-cultural-y-precariedad/.
Svampa, M. (2021). “La pandemia desde América Latina. Nueve tesis para un balance”. Nueva Sociedad, Nº 291, enero-febrero. Recuperado de https://www.nuso.org/articulo/la-pandemia-desde-america-latina/.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Inglaterra: Public Affairs.