¿Fue golpe?
Pulsando el debate sobre la supuesta fascistización de Bolivia
Rafael Archondo
hparlante@hotmail.com
Universidad Iberoamericana
de Puebla
México
Recibido: 16/01/2019
Aprobado: 18/02/2020
Resumen
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, presidente de Bolivia durante los últimos 14 años, entregaba su carta de renuncia después de un largo período de protestas iniciado después de las elecciones generales del 20 de octubre, atravesadas por acusaciones de fraude. Dejaba a Bolivia sumida en un vacío de poder que tardó dos días en ser llenado con la conformación de un gobierno transitoriodescrita por la prensa como un golpe de Estado a la democracia. ¿Fue un golpe? El presente artículo evalúa minuciosamente las dos argumentaciones, hace un seguimiento de los cambios de gobierno en Bolivia durante los últimos 87 años y cataloga los hechos ocurridos en 2019 desde una perspectiva comparada. El objetivo es tratar de etender si democracia boliviana está en agonía o restablecida y si las tendencias hacia la fascistización del país son una realidad o un mito.
Palabras clave
Fascistización, Bolivia, Evo Morales, Golpe de Estado.
Abstract
In November 10th, 2019, Evo Morales, Bolivian president for the last 14 years, resigned to power after a long period of protests launched after the general elections (October 20th), the target of many fraud accusations. Bolivia was left in a difficult situation of power vacuum, which was filled by a constitutional succession, described by the press as a coup against democracy. It was indeed a coup? Using theory and historical analysis, this article tries to understand what happened in Bolivia and if it is accurate to fear about Bolivian democracy’s existence.
Keywords
Fascistization, Bolivia, Evo Morales, Coup D’etat.
Introducción
Evo Morales fue presidente de Bolivia durante 13 años y diez meses. Su presidencia es la más larga de toda la historia nacional. Nunca nadie había gobernado el país a lo largo de tanto tiempo.
La estabilidad democrática boliviana no es obra de este hombre ni de sus seguidores. El país vive bajo el arbitrio de la Constitución desde octubre de 1982, cuando los militares entregaron la banda presidencial a Hernán Siles Zuazo, presidente constitucional electo en los comicios de 1980. Evo Morales fue el primer presidente en reivindicar su origen indígena y el primer jefe de Estado de profesión agricultor. Ambas características lo acercan todavía a un importante segmento de la población que había sido excluido de la vida pública hasta la Revolución Nacional de 1952, que implantó la reforma agraria y el voto universal.
Morales, de 60 años, fue candidato a la jefatura del Estado en 2002, 2005, 2009, 2014 y 2019. En tres elecciones (2005, 2009 y 2014) obtuvo la mayoría absoluta de los votos, por lo que resultó reelegido en el mando por dos veces consecutivas. En 2019 aspiraba a su tercera reelección, pero se vio obligado a renunciar a su cargo el 10 de noviembre. Desde entonces vivió como asilado político en México (tres semanas) y se desplazó a la Argentina, su actual sitio de residencia.
Los bolivianos irán a votar nuevamente este 2020. Morales ha decidido no presentarse como candidato y su partido lo ha sustituido por primera vez por otro aspirante, en gran medida, elegido por él desde Buenos Aires. Es la primera vez que el ex presidente no participa de unos comicios en un lapso de más de 20 años: si bien intentó ser candidato al Senado, pero su candidatura fue invalidada por no residir en Bolivia.
En su largo periodo de gobierno, Evo propició la puesta en vigor de una nueva Constitución, la cual, tras haber sido debatida en una Asamblea Constituyente especialmente designada por el voto ciudadano, fue ratificada por la población en el referéndum de 2009. Nunca una Constitución había sido sometida al veredicto popular directo.
En la Constitución, ahora vigente, quedó expresamente prohibida la reelección presidencial en más de una ocasión continua. El artículo 168°, cuya vigencia ha sido ratificada dos veces en las urnas, señala aún hoy lo siguiente: El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Como se dijo al inicio, Morales ha sido presidente durante casi 14 años.
Eso significa que ya la postulación de Evo Morales en 2014 era claramente ilegal. ¿Por qué se llevó adelante? La respuesta es que el Tribunal Constitucional la convalidó argumentando que en 2005, Morales había sido elegido bajo el imperio de la anterior Carta Magna y que las nuevas reglas empezaban a regir sólo desde 2009. De ese modo no se contaba su mandato anterior, a pesar de que la nueva Constitución obligaba a hacerlo de manera explícita. Como evidencia de lo aquí señalado rige la segunda disposición transitoria, en la que se señala aún hoy, que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Dichas líneas fueron redactadas de manera expresa en el marco de un gran acuerdo nacional, por el cual la oposición política de entonces aceptaba acudir al referéndum constitucional bajo la promesa de que Evo Morales no sería candidato en 2014. Ese mismo año, Morales gozaba de tal legitimidad que muy pocos plantearon un reclamo. Él mismo reconoció, tiempo más tarde, que había hecho trampa al volver a postularse y el incidente al final fue minimizado como una travesura menor. Dicho acto demostró ser parte de una narrativa de largo alcance.
El 21 de febrero de 2016, a un año de haber ganado su tercera elección, Morales promovió un referéndum para cambiar la Constitución. La pregunta planteada al electorado fue la siguiente:
¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?
Con ello y mediante una respuesta afirmativa, Morales hubiera accedido por última vez a ser candidato presidencial. Sin embargo, más del 50% de los consultados se inclinó por el No. El gobierno sufría un revés electoral tan apretado como inesperado.
En su Congreso Nacional, organizado en diciembre de 2016, el partido de gobierno tomó la determinación de buscar todas las vías legales para hacer posible la postulación de Morales en las elecciones de 2019. Una década en el poder no le eran suficientes. Sin embargo, las posibilidades parecían aún remotas. No solo se erigía en su camino la prohibición expresa de una Constitución que ellos mismos promovieron, sino un veredicto aún más claro en las urnas. Pese a ello, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, prefería aventurarse a emprender un camino a todas luces defectuoso y contrario a la voluntad ciudadana, con tal de no ingresar en el debate sobre la sucesión del presidente: se había convertido en Evo-dependiente.
Así, a fines de 2017, a pedido de varios parlamentarios del oficialismo y cumpliendo las decisiones del Congreso Nacional del MAS, celebrado un año antes, el Tribunal Constitucional de Bolivia lanzó otra sentencia controversial: decidió que el artículo 168° de la Carta Magna debía quedar en suspenso. ¿La razón? Bolivia, país firmante en 1979, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, reconocía y reconoce el derecho continental a elegir y ser elegido. Por lo tanto, impedir la reelección de cualquier persona en un cargo sería una violación de tal derecho. Al ser parte de una convención internacional, entonces, a decir del Tribunal Constitucional boliviano en 2017, tendría preferencia sobre un artículo doméstico de la Constitución boliviana. Con ese fallo, en contra del criterio del poder constituyente, un grupo de jueces establecía en Bolivia la reelección indefinida para todos los cargos electivos.
En otras palabras, si la Constitución y el voto de los bolivianos atentan contra el derecho humano a ser elegido, entonces ambos se cancelan. De ese modo, bajo la figura jurídica de la aplicación preferente, Evo Morales pudo ser candidato nuevamente en 2019. Al gozar del control de todos los poderes, su postulación no tropezó con ningún obstáculo. El derecho a ser elegido, regulado y limitado en muchos países anti reeleccionistas de América Latina, como México, se impuso en Bolivia por encima del derecho a elegir, ejercido por el pueblo en febrero de 2016.
Cuando Morales fue inscrito como candidato, el Tribunal Supremo Electoral, cuyos integrantes fueron designados por la mayoría congresal del MAS, no plantearon objeción alguna. Las críticas constantes a su conducta fueron llevando a que tres vocales renuncien a sus funciones, ante lo cual la Asamblea Legislativa procedió de inmediato a designar a sus sustitutos. En 2018, el país se nutrió de protestas ciudadanas, que exigían respeto a la voluntad expresada en febrero de 2016. Todos los candidatos de la oposición levantaron la bandera del respeto a la voluntad popular y expresaron su deseo de participar en las elecciones para resistir la presencia de los candidatos inconstitucionales del MAS.
La peculiar aplicación en Bolivia de la clausula del Pacto de San José sobre el derecho a ser elegido debería abrir camino, en lo sucesivo, de un dictamen claro de la Corte Interamericana, en el que se ratifique que este derecho tiene que ser regulado por las constituciones de cada país como ocurre en la mayoría de las cartas magnas del hemisferio con contadas excepciones como las de Venezuela, Costa Rica u Honduras. Nadie en las Américas tiene el derecho irrestricto a ser elegido. En todos los casos hay limitaciones de edad, de cantidad de veces en el ejercicio de un cargo o de postulación por parte de una organización partidaria. Los sucesos ocurridos en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, que llevaron a la renuncia de Evo Morales, son ya un hito en la lucha civil contra la reelección indefinida en el Continente.
¿Golpe?
Muchos latinoamericanos despertaron a la realidad boliviana cuando Morales presentó su renuncia el 10 de noviembre y aceptó subirse a un avión de la Fuerza Aérea de México para llegar a su destino como asilado político. En muchos medios de comunicación se dijo que el jefe de Estado de raíces indígenas había sido forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas. El canciller anfitrión, Marcelo Ebrard, llegó a prometer que México no estaba dispuesto a reconocer a un gobierno militar en Bolivia.
Formalmente, la argumentación del gobierno mexicano sonaba impecable. Aún si había renunciado, Evo Morales continuaba siendo el presidente electo por decisión popular asumida en 2014. Su mandato feneció en enero de 2020. Si bien la sugerencia de las Fuerzas Armadas bolivianas de que Evo renunciara es un hecho registrado, lo extraño es que él la haya aceptado de inmediato, pero aquella podría quedar como mera anécdota signada por su deseo de autoconservación o su cobardía. Sabemos que Salvador Allende, por ejemplo, prefirió sumarse a la resistencia en Chile antes que someterse a un poder no constituyente.
Lo extraño en Bolivia es que, tras el despegue del avión militar mexicano de la pista de Chimoré, ni Ebrard ni nadie ha visto surgir allí un gobierno militar. Es más, el mismo general que le sugirió a Evo que renuncie fue destituido de inmediato por el nuevo gobierno transitorio. ¿Dónde está el “golpista”?, podría decirse. Con el paso de las horas, el supuesto “Golpe de Estado” en Bolivia ha tenido un curso, al menos, sorprendente.
La senadora Jeanine Añez, actual presidente, electa en una sesión de la Cámara Alta a la que no asistieron los representantes del partido de Morales, gobierna hoy sin que ninguna de las instituciones democráticas haya sido afectada o interrumpida en su funcionamiento. En menos de una semana, el parlamento boliviano aprobó por unanimidad una convocatoria a elecciones fijadas para 2020. La decisión fue tomada no solo con la aceptación de la bancada del MAS, el partido del ex presidente, sino además con un poder legislativo, cuyas presidencias siguen en manos de dicha sigla política. Se trata de un gran acuerdo nacional tácito en ausencia de Evo Morales. Este hecho no tuvo la misma notoriedad informativa si se la compara con la versión del Golpe y sin embargo resulta incluso más relevante.
Los militares, que en los primeros días de la transición se pusieron a las órdenes del nuevo gobierno, no solo se han replegado a sus cuarteles, sino que tienen nuevos comandantes. La policía, que se negó a reprimir las masivas protestas en contra de Morales, sigue siendo la guardiana del orden público. Los movimientos sindicales que en principio salieron a lamentar la renuncia de Evo, han firmado un acuerdo de pacificación con las nuevas autoridades. El ex presidente en el exilio voluntario ha enviado un mensaje navideño elogiando la resistencia al golpe de Estado. ¿Cuál? Ni siquiera su partido se ha colocado en ese rol. Evo Morales parece preso de un delirio cada vez que hace una declaración pública. El país le ha dado la espalda de una forma que hace sólo unos meses era inimaginable, y si bien a muchos les gustaría tenerlo como jefe de campaña, nadie realmente padece por su ausencia.
¿Qué pasó?
¿En serio puede hablarse de un Golpe de Estado en Bolivia? Sólo la falta de rigor y el alineamiento ideológico pueden echar a volar esa hipótesis.
Tras la renuncia de Morales, en Bolivia se presentó un vacío de poder, ocasionado deliberadamente por él y sus seguidores. No solo renunció el presidente, sino todos los potenciales sucesores en la línea constitucional establecida. El artículo 169° de la Constitución es muy claro al respecto:
En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.
El 10 de noviembre, las tres personas citadas habían dejado sus funciones por instrucciones de Evo Morales. Dejaron su renuncia con la esperanza de que así, apelando a las emociones, movilizarían a sus partidarios y conseguirían regresar al poder en los hombros de las multitudes. Esa fue su intención evidente: motivar la angustia. Fracasaron.
A su llegada a México, Evo Morales dijo que su carta de renuncia debía ser considerada por el Parlamento, en el que tiene más de dos tercios de los escaños. El pedido fue escuchado varias semanas más tarde. Era la despedida final. Su objetivo desde México era que los congresistas rechacen la dimisión y le pidieran retornar. No sucedió. ¿Por qué? ¿hubo traición, temor o desdén?
Por eso, días después de comenzar su asilo político, declaró que estaba dispuesto a volver a Bolivia en cualquier momento. ¿Cómo se explica que sus senadores y sus diputados hayan optado por anular las elecciones del 20 de octubre, convocar a nuevos comicios sin que Morales sea habilitado para postularse como candidato a la Presidencia y que finalmente acepten su renuncia?, ¿qué acto de magia fue capaz de unir a todos los poderes del Estado en contra del presidente que más ha gobernado el país?
Esa es la parte de la ecuación que pocos latinoamericanos han querido o conseguido cerrar. ¿Cómo es posible que un Golpe de Estado no genere un general golpista? ¿Cómo es posible que un Golpe de Estado no cancele alguna institución democrática y, por el contrario, produzca una nueva convocatoria inmediata a elecciones gracias al voto de los supuestos derrocados?
La respuesta está en nuestro recuento previo. En 2019, Evo Morales violó la Constitución que él mismo impulsó al postularse como candidato por cuarta vez. Esa conducta, desapercibida por la opinión pública internacional, generó una ola de rechazo entre grandes segmentos de la población boliviana, que no solo votaron por Carlos Mesa, el candidato de la oposición, sino que, una vez realizada la elección, no dejaron de protestar ante las evidentes muestras de fraude electoral. Fueron 21 días ininterrumpidos de movilización pacífica.
Evo Morales es un asilado político en México y un refugiado en Argentina, que antes de partir de Bolivia fue favorecido por un escamoteo de la voluntad ciudadana como sólo se había visto en el país en 1950 o 1978. Por esa razón, fue él mismo quien tuvo que optar por pedir la anulación de las elecciones del 20 de octubre a fin de convocar a un nuevo proceso. Cuando dio ese paso el mismo 10 de noviembre por la madrugada, los movilizados ya sólo pedían su renuncia para pacificar el país, demanda asumida por las fuerzas armadas pero también por la Central Obrera Boliviana (COB). Horas más tardes, Morales dejaba el país.
Una vez en México, el ex presidente afirmó que no hubo fraude (entonces ¿por qué pidió la anulación del proceso?). Cuando le recordaron que fue la misión de la OEA la que lo evidenció, el expresidente dijo que la OEA era parte del golpe y que el equipo encargado de la auditoría no había siquiera entregado su informe final. Cuando éste salió a la luz y se probó la existencia de dos servidores ocultos, montados para alterar los resultados, Morales tuvo que cambiar de tema.
Pocos quieren recordar que la auditoría de las elecciones por parte de la OEA fue una idea de Morales y que fue con su gobierno que el organismo multilateral firmó un convenio calificado como vinculante. Hoy, los seguidores de Morales dicen que la OEA está al servicio de la derecha golpista. Omiten decir que fue Evo quien llevó a la OEA a Bolivia y quien cuando supo de los resultados preliminares de la auditoría, le pidió a los portavoces de Luis Almagro que por favor no la difundan porque iban a incendiar el país.
Otra cosa que muchos latinoamericanos no saben es que el gobierno de Evo Morales, debido a su duración, su holgada mayoría y la enorme cantidad de recursos de los que disfrutó en casi 14 años controlaba todas las instituciones nacionales. Debido a que su partido cuenta aún con dos tercios del Congreso, pudo preseleccionar a todos los operadores de Justicia, a todas las ex autoridades electorales y controlar el 90% de los medios de comunicación del país. Ese enorme aparato centralizado de control ha empezado a ser desmontado lentamente. Su capacidad de dominio sobre la sociedad y el Estado hizo posible el fraude electoral de 2019, hecho que ya no debería poder repetirse en 2020.
La controversia sobre el fraude se extendió hasta inicios de 2020 y continuaría hoy si el Coronavirus no hubiera concentrado toda la atención periodística mundial. En dos ocasiones, el Centro de Investigación sobre Política y Economía (CEPR, por sus siglas en inglés) con sede en Washington divulgó reportes rechazando el hecho de que las elecciones bolivianas de 2019 hayan sido fraudulentas. El primer intento fue en diciembre y el segundo en febrero. La segunda vez, el estudio fue firmado por John Curiel y Jack Williams, investigadores de un observatorio del prestigioso MIT. La delegación permanente de México en la OEA destacó ambas investigaciones e intentó usarlas para refutar la auditoría de ese organismo, publicada en diciembre de 2019.
La comparación entre el trabajo de la OEA y el del CEPR es concluyente: el contraste entre recursos y datos juega de manera aplastante a favor del organismo multilateral. La OEA trabajó en Bolivia con plena colaboración de sus autoridades, durante más de un mes y con una treintena de especialistas. El informe de casi cien páginas contiene abundantes indicios de que existió dolo en el manejo de los resultados y que se montó una infraestructura técnica para alimentar la base de datos con información adulterada. Por su parte, el CEPR hace sólo un análisis probabilístico acerca de la posibilidad de que el último tramo del recuento haya cambiado o no la tendencia a organizar o cancelar una segunda vuelta entre los candidatos Morales y Mesa.
Por otra parte, las dudas sobre la credibilidad del CEPR son abrumadoras: sus principales ejecutivos son activistas de los procesos políticos de Venezuela y Bolivia y tiene entre sus colaboradores estables al ex canciller ecuatoriano Guillame Long, quien representó a su país durante el gobierno de Rafael Correa.
En contraste con las denuncias de la ex oposición al MAS, el fraude abarca un número aproximado de 34.000 votos: la cantidad que ayudaba a cancelar la segunda vuelta, en la que un bloque unido hubiera podido derrotar a Evo Morales. Quedan pocas dudas de que el candidato del MAS obtuvo una ventaja importante en 2019, pero insuficiente para evitar el balotaje. La operación organizada mediante dos servidores externos no autorizados maquilló el último tramo del conteo (5%) a fin de forzar una diferencia de diez puntos entre Morales y Mesa. Eso es lo que señala y demuestra el informe de la OEA.
El partido de Evo Morales no va a desaparecer. Sigue siendo, de hecho, una de las fuerzas políticas más fuertes del país. El inexistente “Golpe de Estado”, es decir, la formación de un gobierno transitorio, le ha permitido renovar su liderazgo.
Evo Morales no puede volver a ser candidato a la presidencia por mandato constitucional, ratificado por el voto el 21 de febrero de 2016. Ese es el gran cambio operado en Bolivia en noviembre de 2019 y ese, en los hechos, era el único gran problema del país en relación con el Estado de Derecho. Zanjado el asunto, todo vuelve a la normalidad. Como ya ha reconocido el ex presidente Lula de Brasil, el pecado de Evo fue sentirse imprescindible. Podría añadirse otro: haber engañado a la opinión pública internacional con la noticia de un “Golpe de Estado” con el único fin de transformarse en víctima y eludir lo que finalmente es: el beneficiario de unas elecciones sucias.
En pocos meses Bolivia volverá a las urnas y ahí sabremos cuán fuerte y saludable es el partido de Morales sin Morales.
Desde la teoría
¿Hubo Golpe? Hasta aquí solo hemos probado una cosa: Morales y su partido perdieron legitimidad al haber logrado oficializar el desconocimiento de la voluntad popular del 21 de febrero de 2016. Ese hecho desacreditó una gestión gubernamental relativamente exitosa y prolongada. Aunque existen esas y otras razones para pensar que Evo Morales no debía ser candidato en 2019, ello no demuestra la ausencia de un Golpe. Legitimado o no ante la población, su caída bien pudo haber sido un tropiezo para la continuidad democrática. Otras voces hablan incluso del inicio de una fascistización del país. Nadie debería quedar indiferente ante semejante hipótesis.
Recurramos a la teoría clásica del Golpe de Estado. El rumano Edward Luttwak (1969) y mucho antes, el italiano Curzio Malaparte (1937) son referencias obligadas. Si bien autores más modernos, como Carl Smith o Giorgio Agamben, hubiesen podido contribuir mejor a esta reflexión. La decisión teórica asumida consiste en partir de la definición clásica y parsimoniosa del siglo XX para luego conjugarla con la experiencia histórica boliviana.
¿Cuál podría ser dicha definición clásica? Dadas sus inobjetables ventajas, tomemos la de Luttwak (1969): Golpe de estado consiste en una infiltración en un pequeño, pero decisivo segmento del aparato estatal, el cual es usado luego para desplazar al gobierno del control del resto del Estado. El recorte es magistral: nos coloca ante un área precisa del análisis, ahorrándonos una serie de circunloquios relacionados con la democracia o la vigencia de la Constitución.
En efecto, un golpe de Estado no necesita de la participación de las masas. Es una operación circunscrita a la intimidad del aparato estatal. Se trata de una parte interna que acaba controlando al cuerpo. Dicha fracción decisiva puede ser el Ejército o la Policía, una parte de ella o ambas, u otro destacamento de élite de la burocracia con capacidad de fuego. Sin embargo, también podría ser el Congreso, el Poder Judicial o una parte de estos. La consecuencia clara de un Golpe de Estado es el derrocamiento del gobierno, es decir, su aislamiento y desplazamiento final del territorio del Estado.
También es posible que una parte del gobierno golpee. En ese caso, el segmento infiltrado es una parcela del Poder Ejecutivo. Esta variante hace algo confusas las derivaciones. Al tratarse de un área no solo del aparato estatal, sino del gubernamental, el Golpe puede dar lugar, como ha ocurrido con frecuencia en Bolivia, a una recomposición interna, que se asimile a la noción de continuidad. Quedémonos entonces con esta noción en dos pasos: infiltración y desplazamiento. Si una fracción de la institucionalidad general del Estado/gobierno produce un cambio claro en la composición del Poder Ejecutivo, estamos hablando de un Golpe.
¿Todo golpe de Estado es una falla de la democracia? Sin duda alguna. Cuando el gobierno es reemplazado mediante un hecho factual indisimulado, estamos hablando de un factor antidemocrático o al menos a democrático que produce un giro en el sistema de toma de decisiones públicas. Dicho acto vulnera de facto el principio nodal de toda democracia: la producción colectiva de la decisión pública.
La Historia de Bolivia es rica en este tipo de episodios. Jean Pierre Lavaud (1998) es el sociólogo que mejor ha investigado el fenómeno de la inestabilidad política en el país. En su libro El Embrollo Boliviano, Lavaud nos habla de gobiernos que duran horas o días en medio de cuartelazos y contraofensivas. Su espacio de análisis abarca de 1952 a 1982. La hipótesis resulta fructífera para esta indagación: parte de la idea de que en Bolivia predominan las relaciones clientelares y que cada gobierno se asienta en una constelación flexible de diversas fuerzas, que se nutren de espacios de distribución de prebendas. La súbita desaparición, en noviembre de 2019, de grupos de resistencia para contrarrestar el supuesto golpe de Estado en Bolivia bien podría ser explicada usando los parámetros de Lavaud.
La Historia contemporánea de Bolivia registra una larga lista de golpes. La enumeración podría comenzar desde el instante en que los militares volvieron a ser gravitantes en la política moderna nacional, lo que equivale a remontarse a la Guerra del Chaco (1932-1936). El registro debe iniciarse entonces en 1934, año en el que en pleno conflicto bélico con el Paraguay, el ejército cerca a Daniel Salamanca en Villamontes y lo obliga a renunciar a favor de su vicepresidente. Desde entonces hasta ahora, se habrían producido 16 golpes de Estado. La cifra final depende justamente del esclarecimiento de la controversia en torno a lo ocurrido con Evo Morales en 2019.
Nos hemos atrevido aquí a clasificarlos todos a fin de terminar de dilucidar los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. Consideramos a continuación tres categorías: golpe clásico, golpe táctico y golpe interno. Las denominaciones son propias de este autor y obedecen a la combinación entre la definición de Luttwak y nuestra revisión de la Historia de Bolivia.
Golpe clásico
Se podría calificar como golpe clásico a aquel que reúne todas las condiciones que lo hacen semejante a los operados en Chile (1973) o Argentina (1976). En ambos casos, un gobierno constitucional electo es barrido por una operación a cargo de las Fuerzas Armadas. El resultado es, como planteó Luttwak (1969), un cambio de gobierno. Una parte del aparato estatal, la decisiva por tener el monopolio de la fuerza pública, depone a las autoridades electas.
El nuevo gobierno es designado entonces por los militares. De ese modo asumen el mando los generales Augusto Pinochet Ugarte y Jorge Rafael Videla. En Bolivia, los ejemplos de este tipo de Golpe no son, sin embargo, los más frecuentes. La caída de gobiernos electos se dio en los casos de los derrocados José Luis Tejada Sorzano, Enrique Peñaranda y Luis Adolfo Siles Salinas. Los tres fueron despojados del poder por voluntad del ejército y de sus hombres fuertes: Germán Busch, Gualberto Villarroel y Alfredo Ovando Candia. Es muy difícil encontrar un contraste más fuerte que el que separa a un Pinochet de un Busch o a un Videla de un Villarroel. En tal sentido, podría decirse que los derrocamientos de gobiernos electos fueron instrumentados en Bolivia por generales nacionalistas y de izquierda.
El golpe clásico generalmente consolida gobiernos militares duraderos. Su justificación va acompañada por un manifiesto que alerta sobre los peligros que se habrían conjurado con la deposición del gobierno previo. En tal sentido, se alude a una serie de circunstancias necesarias que deben crearse antes de la vuelta a la normalidad constitucional. Estos golpes han sido herramienta frecuente en la época de la Guerra Fría, sin embargo, como vemos, en Bolivia la tónica fue opuesta. Así, entre 1934 y 1982, consignamos siete golpes clásicos. A los mencionados, deben agregarse la sustitución de Busch (no se consideró al vicepresidente) y la entrega del poder a la Junta Militar presidida por Hugo Ballivián, decidida por Urriolagoitia, y los derrocamientos de Daniel Salamanca y Lidia Gueiler.
Golpe táctico
Aunque este tipo de Golpe se realiza siguiendo los mismos pasos formales que el anterior, su orientación es muy distinta. El nuevo gobierno militar se forma sólo para convocar a nuevas elecciones o para entregar el poder a quienes corresponde, de acuerdo con la Constitución.
Por lo tanto, si después del Golpe nace un gobierno provisional o transitorio, se habrá tratado con seguridad de uno táctico, debido a que los que llegan al poder carecen de una estrategia. Se trata solamente de un ajuste necesario o preventivo.
En Bolivia, un golpe que calza a la perfección con esta categoría es el del general David Padilla Arancibia, cuya primera decisión oficial fue convocar a elecciones para 1979. Tras el violento derrocamiento de Villarroel en 1946, el jurista Tomás Monje Molina organizó las elecciones del año siguiente. Su ascenso al poder también se produjo por el desplazamiento violento del gobierno electo, que concluyó en el asesinato del presidente. De manera un tanto audaz, puede decirse también que el reemplazo en la Presidencia de Torrelio por Vildoso correspondió de igual modo a un golpe táctico, dirigido a entregar el mando a los civiles en 1982. Por su orientación transitoria, los golpes tácticos se organizan en contra de gobiernos de facto que se rehúsan a restablecer las reglas democráticas.
En la Historia de Bolivia de los últimos 87 años se han producido cinco golpes tácticos. A los tres ya señalados, se deben sumar los derrocamientos de Daniel Salamanca en 1934 y de Paz Estenssoro en 1964.
Golpe interno
Nuestro tercer tipo de golpe de Estado es aquel que se organiza contra un gobierno no electo. En muchos casos se trata de una conjura interna dentro de las Fuerzas Armadas, en las que algún General suma los repudios de sus camaradas y provoca su destitución. También se puede dar en contra de un gobierno civil que no ha surgido exactamente de las urnas y tiene un mandato provisional. Dado que el gobierno derribado no cuenta con un aval constitucional o con la legitimidad popular, el trámite de evacuarlo del Palacio no implica generalmente un conflicto. Le llamamos interno, porque el movimiento que desplaza al gobierno se produce dentro de los marcos del autoritarismo y no busca una salida.
Ambas opciones aparecen claramente en la Historia de Bolivia. Militares que derrocan militares fueron Juan José Torres, Hugo Banzer, Juan Pereda Asbún y Celso Torrelio Villa. Ninguno de ellos dio un mero paso táctico, sino que aspiró a reemplazar al derribado. Todos ellos quisieron quedarse en el gobierno de forma indefinida. Luego están los militares que derribaron gobiernos civiles no electos por los ciudadanos. Es el caso de Alberto Natusch y de Luis García Meza. Como lo evidencia esta lista, Golpe interno hubo en Bolivia en un número de siete.
Los saldos
Esta revisión detallada de los cambios de gobierno en la Historia de Bolivia entre 1934 y 2019 nos deja en el tintero cinco episodios que no encajan en ninguna de las categorías explicadas. Se trata de la salida del gobierno, un año antes, de Hernán Siles Zuazo en 1985, y los derrocamientos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales. ¿Qué tienen en común todos estos desplazamientos? La respuesta es que una vez definido el abandono del poder por parte del presidente en funciones, no se conforma un gobierno militar, como sucede en casi todos los casos estudiados, sino uno civil o incluso constitucional.
En este caso, el que podría ser el segmento infiltrado, si es que lo hay, cumple una función muy diferente, no es fuerza activa, sino todo lo contrario, pasiva, es decir, se repliega y por tanto, deja al gobierno indefenso, incluso por instrucciones del mismo. Así, otras fuerzas, ajenas al Estado, dirimen el conflicto y se produce una implosión.
El ejemplo más estudiado de este tipo de derrumbe es la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras una movilización de varias semanas por parte de los sindicatos, juntas de vecinos y comunidades agrarias, el gobierno constitucional intentó imponer la fuerza con un saldo de 67 muertos y cientos de heridos. En ese momento, el ejército decidió replegarse, dejando al gobierno a merced de los movilizados. A raíz de esta situación de colapso fáctico, el presidente no tuvo otra opción que la huida y la renuncia. De inmediato, el Congreso leyó la carta y administró posesión al vicepresidente Carlos Mesa.
Veamos otro ejemplo. El 9 de abril de 1952, una coalición de policías y civiles salió a enfrentar al Ejército en las ciudades de La Paz y Oruro. El objetivo era impulsar un golpe de Estado, organizado por el entonces ministro del Interior, Antonio Seleme Vargas. Tras tres días de combates, las unidades militares se retiraron o entregaron armas.
Los vencedores tomaron el Palacio y asumió la presidencia el líder civil de la insurrección, Hernán Siles Zuazo. Tras posesionar a su gabinete, Siles envió un cable a Buenos Aires para que el candidato ganador de las elecciones de 1950 asumiera la Presidencia. En este caso particular, el segmento infiltrado era la policía boliviana, que estaba al mando del ministro del Interior. El Ejército resistió el embate y perdió. Aunque el golpe contó con respaldo movilizado de los civiles, es indudable de que, sin la fractura del aparato estatal, el paso no hubiera sido posible. Tras el desplazamiento del presidente Hugo Ballivián, se inició el camino de regreso a la Constitución, la cual, sin embargo, debió esperar cuatro años más hasta la convocatoria de nuevas elecciones en 1956. El propósito original de las acciones era efectivamente golpear al gobierno, sin embargo, las acciones salieron pronto de control y se destapó un levantamiento espontáneo.
Analicemos un tercer ejemplo. En 2005, el presidente Carlos Mesa tomó la decisión de renunciar. Se produjo entonces en el país un profundo debate acerca de quién debía reemplazarlo. Las presiones sociales del MAS en las calles y carreteras obligaron a que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados renuncien a esa pretensión. Ello permitió que asumiera el cargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuyo breve gobierno tuvo a cargo organizar las próximas elecciones de fin de año. ¿Fue golpe? La clasificación se tensa al máximo. Mesa renuncia porque no está dispuesto a imponer por la fuerza sus ideas y proyectos. Carece además de una mayoría parlamentaria, aunque ha vencido en el referéndum sobre el gas. Estamos otra vez ante un vacío de poder. La fuerza que dirime la salida está en la movilización social que no acepta las dos sucesiones legales que siguen, sino sólo la tercera. Hay desplazamiento, es por la fuerza y los uniformados asumen un papel pasivo. Nadie dijo nunca que Rodríguez Veltzé hubiera llegado a la presidencia mediante un golpe, sin embargo, la necesidad de clasificar todas las acciones estatales de cambio de gobierno nos ha llevado a pensar en ello para luego descartarlo.
Un rasgo común en este tipo de acciones es la renuncia del derrocado. Ello allana el camino para quienes se encuentran en la línea de sucesión directa. Dado que la democracia goza de un esquema claro de relevos en casos de emergencia, todas las sucesiones constitucionales aparecen como secuencias legales y legítimas. Dado que todo se produce sin una gran resistencia e incluso bajo el beneplácito de la mayoría de los actores políticos, ha sido prácticamente imposible considerar a los gobiernos resultantes como regímenes de facto.
Sin lugar a dudas, la caída de Evo Morales guarda más similitud con los derrocamientos de Hugo Ballivián, Sánchez de Lozada o Mesa que con los incontrovertidos golpes de estado clásicos, tácticos o internos, que ha vivido Bolivia. Esta reflexión nos lleva a imaginar una nueva clasificación que lejos de las nociones de golpe o de mera sucesión constitucional, nos ayude a entender mejor lo sucedido en el país entre octubre y noviembre de 2019.
Los sucesos de 2019
Las elecciones generales de octubre de 2019 se realizaron dentro de los marcos de la legalidad. Aunque la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, el binomio del MAS, era inconstitucional, los pasos dados para su habilitación se habían ceñido a la formalidad procedimental. Lo que encontramos acá es un estado de ilegitimidad, más que de ilegalidad plena. Gruesos sectores de la población boliviana repudiaban públicamente el desconocimiento formal del voto ejercido en 2016. Las movilizaciones en defensa del voto empezaron en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional dio luz verde a la postulación de Morales, y alcanzaron su cénit en octubre de 2019.
El domingo 20 de octubre por la noche, el conteo rápido en Bolivia fue interrumpido súbitamente cuando ya había registrado el 82% de los votos. En su último informe de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había vislumbrado ya la realización de una segunda vuelta, porque la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa era de siete puntos, y no de diez.
Al día siguiente, el presidente se proclamó ganador en primera vuelta aunque no había resultados finales. El conteo rápido siguió paralizado. La misión de observación electoral de la OEA planteó de inmediato su reclamo por el corte. Aquella noche los vocales del TSE, con la única excepción de Antonio Costas, instruyeron a la empresa encargada del conteo rápido que lo interrumpieran. No había una sola razón para hacerlo. A fin de garantizar la interrupción, el TSE dispuso un corte de electricidad y provisión de internet a la empresa encargada.
Cuando el conteo se reanudó 22 horas más tarde, los nuevos resultados cancelaron la segunda vuelta. El TSE entregó entonces el acta final consolidando la victoria del MAS en primera vuelta. Casi dos meses más tarde, la auditoría electoral de la OEA encargada por el gobierno de Morales detectaría el funcionamiento de dos servidores no autorizados, con capacidad para ingresar datos al cómputo oficial. También se descubriría que todos los depurados del padrón electoral se mantuvieron dentro de las listas vigentes. Finalmente, una revisión de una muestra de actas por parte de los 33 investigadores de la OEA reveló numerosas irregularidades que dieron lugar a no tener certeza sobre los resultados.
La ola de protestas en todas las ciudades del país estaba activada. Desde la noche del 20 de octubre hasta el 10 de noviembre, Bolivia quedó paralizada. Los bloqueos de los vecinos fueron asfixiando las labores cotidianas. La consigna Nadie se rinde, nadie se cansa se escuchó de manera constante. Los cacerolazos fueron el sonido familiar de todas las noches.
Estamos hablando de un fenómeno de masas de corte principalmente juvenil, urbano y femenino: la Policía comenzó a sentir cansancio, los manifestantes intentaron controlar todo brote de racismo, aunque no siempre fue posible. Los principales movilizados eran personas de la llamada clase media, a quienes se fueron sumado sectores sociales desplazados por el gobierno del MAS, como los cocaleros de Los Yungas o los sectores cívicos de Potosí. Hubo áreas de las capitales donde el respaldo a las protestas fue prácticamente unánime. El 8 de noviembre se produjo un motín nacional de la Policía. Los efectivos se encerraron en sus cuarteles, agitaron banderas y respaldaron las protestas ciudadanas. La gente salió a resguardar las instalaciones policiales. Era claro que el gobierno ya no era capaz de contener el enojo de las calles.
En ese contexto, el gobierno aguardó la auditoría de la OEA. En la noche del 9 de noviembre, Evo Morales recibió la información desde Washington de que ésta le sería totalmente desfavorable. Insistió varias veces en hablar con Luis Almagro en persona. El Secretario General estaba en Barbados y descansaba en su hotel. El presidente de Bolivia exigió que la OEA no difundiera su informe preliminar, porque, decía, va a incendiar el país. Los funcionarios interamericanos que le respondieron las llamadas le aclararon que no podían hacer nada. Al final, el reporte salió a la luz aquel domingo muy temprano. Entonces Morales convocó a una conferencia de prensa en la base aérea de El Alto. Allí anunció su decisión convocar a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Con ello esperaba desarmar las protestas.
De inmediato tomó un vuelo al Chapare, su zona de mayor irradiación, la cuna del MAS. Una vez en el aeropuerto de Chimoré percibió que los militares ya no respondían exactamente a sus órdenes. En vez de disponer del avión presidencial en el aeropuerto civil, lo colocaron en la zona militar. Morales se inquietó. Percibía desde la ventanilla cómo sus seguidores, que lo esperaban, se dirigían hacia él en actitud protectora. Los rumores se esparcieron en tierra fértil. Según su propio testimonio, se enteró de que ofrecían dinero por su captura.
En ese momento, junto a sus más cercanos colaboradores, evaluó las reacciones a su propuesta de anular las elecciones y convocar a otras. Todas eran desfavorables. No solo eso: el comandante de las Fuerzas Armadas le pidió su renuncia y también lo hizo la Central Obrera Boliviana. La intervención del general Williams Kalimán Romero fue cautelosa pero clara. Haciendo uso de sus prerrogativas, sugirió la dimisión a fin de resguardar la paz. A partir de ese momento, Evo Morales invirtió todas sus horas en la obtención de un asilo político. El hombre que coordinaba los contactos diplomáticos era el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández. Se hablaba del Paraguay, pero luego, con más insistencia, de México.
Desde el Chapare, rodeado de dirigentes sindicales del campo, Morales anunció su decisión de renunciar a su cargo. Dijo que lo hacía para evitar que se siguiera agrediendo a los militantes del MAS. Aludió al secuestro de familiares y quema de viviendas. Entre tanto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaba en Lima. Esperaba la autorización para sobrevolar espacio aéreo boliviano.
Las renuncias del vicepresidente, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados llegaban en cascada. Los manifestantes que salían a celebrar la caída de Evo, advertían que ya no existían barreras de seguridad que los retuvieran, pero tampoco que los defendieran. Era la implosión del gobierno.
Rápidamente el júbilo se apagó. Los sectores sociales del MAS salieron en estampida a rechazar el desenlace de los acontecimientos. Hasta entonces habían permanecido en silencio. La sociedad boliviana se mantuvo atrincherada a la espera de una resolución.
Es el momento de los mediadores: el enviado de Naciones Unidas, los representantes de la Iglesia y la Unión Europea y los embajadores de España y Brasil conformaron un grupo de tareas. Se movían con pasos austeros por un escenario de mutuas desconfianzas. Según Walter Mur, periodista que acompañó todo el proceso, hubo al menos 30 reuniones entre la inminente renuncia de Evo y la conformación del nuevo gobierno. En representación de los “derrocados” asistieron varios ministros: el de Justicia, Héctor Arce, el de Defensa, Javier Zavaleta, y el de Gobierno, Carlos Romero. Luego aparecieron la diputada Susana Rivero, la ex ministra Teresa Morales y la senadora Adriana Salvatierra. Otro ministro muy activo en esos días fue Manuel Canelas de la cartera de Informaciones. El principio la posición del MAS fue negociar que Salvatierra encabezara un gobierno de transición. Luego sólo exigieron la salida segura e inmediata de Evo Morales del país.
Para que ello sucediera, se recurrió a múltiples contactos dentro de las Fuerzas Armadas. El comandante más colaborativo fue el general Jorge Terceros, de la Fuerza Aérea, de quien dependía la logística del nuevo asilado. Evo lo acusaría después de ser el más golpista. Lo cierto es que, a pesar de la inexistencia de un gobierno en funciones, las autoridades militares bolivianas autorizaron el ingreso del avión mexicano. En la espera del aterrizaje, Evo recuerda haber pensado en algún momento en seguir gobernando desde allí, incluso de internarse en el monte y resistir. Con su salida del país y su llegada a México después de algunos percances por la falta de autorización de sobrevuelo en el Perú, la transición estaba allanada.
Para entonces, los mediadores gestionaban una salida con la oposición. Estaba claro que nadie del MAS querría hacerse cargo del gobierno. Habían transcurrido ya 24 horas sin que surjiera un gobierno en Bolivia. Se afirmaba que el abogado que vislumbró un curso legal a la emergencia fue Luis Vásquez Villamor, ex alcalde de la ciudad de El Alto y ex senador. Tras revisar algunas sentencias constitucionales, habría encontrado una en la que se convalidaba la ascensión a la Presidencia de Rodríguez Veltzé. En ella se sostiene que, ante la ausencia del presidente, se procede de manera automática a efectuar la sucesión constitucional sin necesidad de ningún trámite o votación congresal. Revisadas las nóminas, quedaba claro que la salida estaba en la directiva del Senado. De pronto salió el nombre de Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la Cámara Alta. Ella se encuentraba en el Beni, en la región amazónica del país.
El grupo de mediadores se contactó con ella. Entre tanto, en las reuniones también participaban los representantes de los partidos que compitieron en las elecciones y los portavoces de los comités cívicos y del llamado Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), dirigido por los ex Defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena. Desde ese escenario se realizó la consulta a Añez. Se le preguntó si estaba dispuesta a presidir un gobierno de transición.
Jeanine Añez es militante del Movimiento Demócrata Social, partido encabezado por el gobernador cruceño. Su nombre quedaba en la línea de la sucesión constitucional. El 12 de noviembre ella ya estaba en La Paz organizando su gobierno. Jamás pensó que algo así podría suceder.
El nuevo gobierno se estableció a una velocidad inesperada. De inmediato las Fuerzas Armadas y la Policía se pusieron a sus órdenes. Tras asegurar el control del orden interno, lo cual implicó más de 30 muertos en dos choques que están siendo investigados por la OEA, Añez cambió a todos los comandantes. El hecho llama la atención: ¿Por qué los supuestos autores materiales del golpe terminaron siendo alejados de sus mandos tras la formación del nuevo gobierno? Queda claro que la subordinación de los militares al poder civil no había cesado.
Lo que sí es cierto es que Fernando López Julio, ministro de Defensa del nuevo gobierno, fue sugerido por los comandantes antes de su partida. Del mismo modo, el nuevo ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, fue propuesto por el Movimiento Cívico Cruceño, de especial protagonismo en la crisis. Lo mismo se confirmó sobre el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, una sugerencia de sectores indígenas que se aproximaron a Añez. Lo que detectamos de todos los trascendidos, es que el gobierno de transición se fue montando a partir de una vasta alianza de los segmentos sociales y políticos adversos a Evo Morales. Sin embargo, la principal fuerza dentro del Ejecutivo era el partido de la presidenta. Su gabinete está constituido por ex parlamentarios de esa corriente.
¿Cuál fue la reacción del MAS ante estos acontecimientos? Denunciar el golpe de Estado y esperar. Reunidas las Cámaras con quórum, procedieron a elegir a sus directivos. Tras las renuncias de sus presidentes, la bancada del MAS, que suma dos tercios, los reemplazó por Eva Copa en el Senado y Sergio Choque en Diputados. La decisión fue tomada en contra de algunos parlamentarios muy cercanos a Evo Morales, como la renunciante Adriana Salvatierra.
De pronto empezó a suceder lo inesperado: el cuerpo congresal del MAS se independizó del ex presidente y empezó a tomar sus propias decisiones. Lo hizo en coordinación con el nuevo oficialismo. De pronto, asambleístas que durante muchos años habían sido marginados de las decisiones, recuperaron poder y relevancia. En 14 años de gobierno, pero sobre todo desde que en 2009 el MAS sumaba los votos suficientes para controlar todo el aparato estatal, los representantes electos en el poder legislativo se transformaron en meras correas de transmisión del Palacio de Gobierno. Frente a un gobierno débil como el de Añez, esa perspectiva cambió. En un tiempo récord, se convocó a nuevas elecciones y se eligió un nuevo TSE. La fotografía de Añez y Copa, exhibiendo la ley aprobada, ilustra el fin de aquel año complicado. El país parecía entrar en las vías de la reconciliación.
Este racconto no puede detenerse sin enunciar dos elementos perturbadores, primero, la candidatura de Jeanine Añez a la Presidencia y el arresto o persecución de varias ex autoridades del gobierno de Morales. El primer hecho vuelve a poner a Bolivia ante la figura tan criticada del presidente-candidato, asunto que parecía exclusivo de Evo Morales y que antes de él era una práctica inexistente, con excepciones halladas en un muy adentrado siglo XX. El segundo factor ha llevado a pensar que el MAS está siendo reprimido y que podría competir electoralmente bajo un contexto adverso. Sin embargo, hasta no comprender el proceso complejo de la nueva elección, es aún muy pronto para expresar un sentido determinado.
Conclusiones
Al final de este largo recorrido histórico, esperamos haber demostrado que en 2019 no se produjo ningún golpe de Estado en Bolivia. De los 21 cambios irregulares de gobierno sucedidos entre 1934 y 2019, es decir, de las 21 formaciones de nuevos gobiernos, producidas sin mediación electoral, 17 se dieron por golpe de Estado.
En cambio, la de 2019, así como las de 1952, 2003 y 2005, no guardan similitud con las otras. Los contrastes son muy visibles. Durante los cuatro cambios señalados la iniciativa de ruptura partió de la sociedad. La de 1952 fue calificada como una insurrección popular, que abrió las puertas a la Revolución Nacional. La de 2003 recibió el apelativo de la Guerra del Gas. En ambos casos, los presidentes depuestos tuvieron que huir de sus funciones por dos razones básicas, el repudio movilizado de una parte importante de la población y la incompetencia de las fuerzas armadas para contenerlos.
Algo casi idéntico sucedió en 2019, cuando una movilización de 21 días derivó en un motín policial, orientado a no ejercer la represión, y en una exhortación de los militares a que el presidente renuncie. En 2005, fue la acción sindical organizada la que empujó a las renuncias de Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, presidentes de ambas cámaras a la pretensión de suceder al presidente Carlos Mesa. La debilidad del jefe de estado partió de su decisión de no ordenar la represión violenta de las protestas.
¿Por qué no podemos hablar de golpe? Porque no existió ninguna infiltración de algún segmento del aparato estatal a fin de desplazar al gobierno del control estatal. El gobierno de Evo Morales, al igual que el de Sánchez de Lozada, Mesa o Ballivián, fue desplazado por las movilizaciones callejeras, ante las cuales los militares decidieron izar una bandera blanca.
¿Hubo actividad conspirativa? Sin duda llenar el vacío de poder dejado por presidentes que dimiten implica un grado de coordinación elemental. Los gobiernos de Siles Zuazo (4 días), de Mesa (un año y 8 meses), Rodríguez Veltzé (7 meses) y el de Añez (del 12 de noviembre de 2019 hasta ahora) se formaron para llenar el vacío de poder forjado por la dinámica de los hechos. Todos ellos fueron organizados para construir un puente entre el pasado inmediato y el presente esperado. Sus respectivos derrocados no ofrecieron resistencia alguna y por ello, las masas que los instalaron se dispusieron de inmediato a construir un nuevo orden.
¿Las cuatro fueron sublevaciones? Tampoco corresponde la etiqueta. Si bien sus resortes operativos dependieron de la movilización social callejera, no fue ésta la que dictó los pasos a seguir. Las masas en este caso dirimen, pero no deciden. De hecho, lo que sigue es un encausamiento institucional de deriva en nuevas elecciones (Rodríguez Veltzé y Añez) o en la formación de un gobierno acorde con el temperamento social y las reglas básicas de la democracia (Mesa y Siles).
Conviene fusionar estas conclusiones con los señalamientos más recientes meditados dentro del MAS, ahora en la oposición. En su último libro, el ex ministro Hugo Moldiz Mercado (2020) afirma que tras el llamado golpe de Estado, que él reafirma sin pruebas, no hubo la resistencia social esperable. ¿Por qué tanta pasividad? El autor sostiene que en el tiempo en que Evo Morales fue presidente, se abandonó el objetivo de acabar con el capitalismo, se redujo la ambición a sólo trascender el neoliberalismo, pero sobre todo se restringió el funcionamiento colectivo y partidario a la meta de ganar elecciones. Según Moldiz, al mismo tiempo, el protagonismo de las transformaciones fue asumido por la burocracia estatal y ya no por los actores inaugurales del cambio, los campesinos, los obreros y las capas medias empobrecidas. El ex ministro habla del desplazamiento del llamado Bloque Social Revolucionario por los funcionarios del Estado, casi todos provenientes de la clase media.
De acuerdo con ese esquema de interpretación, el golpe pudo darse porque no hubo pueblo que se le ponga al frente. A ello sólo cabe añadir que no hizo falta un golpe, porque fue Evo Morales quien decidió apartarse de escena, generando un vacío de poder, que él consideró la mejor plataforma para imponer su retorno inmediato al mando del país. Dado que el vacío fue llenado burocráticamente, convalidando la teoría de Moldiz, cabe pensar que los funcionarios tanto del MAS como de la entonces oposición entendieron que se abría la posibilidad de anteponer sus intereses concretos. Así, despojados físicamente del presidente, optaron convenientemente por recuperar el control de la administración, antes retaceada por los sindicatos y las comunidades indígenas, convertidas en 14 años de manejo prebendal, en una amorfa clientela electoral.
Concretado este análisis en todas sus fases, cabe concluir señalando que la pretendida fascistización de Bolivia no pasa de ser un eslogan adecuado para ciertas narrativas que intentan resucitar los discursos de la Guerra Fría. La movilización social que obligó a Evo Morales a salir del país no fue un movimiento fascista. Su premisa fue siempre la defensa de la voluntad popular y su logro, la vigencia plena de la Constitución. Su horizonte inmediato era la convocatoria a nuevas elecciones, y su credo, la inconveniencia de la reelección indefinida.
Referencias
bibliográficas
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Lavaud, J. P. (1998). El Embrollo boliviano, Turbulencias sociales y Desplazamientos políticos (1952-1982). La Paz: Instituto Francés de Estudios Sociales.
Luttwak, E. (1968). Coup d’État, a practical Handbook. Nueva York: Alfred Knopf.
Malaparte, C. (1937). Coup d’État, Technique of Revolution. Morris productions.
Morales, E. (2020) 15 de marzo, “Dos Llamadas nos salvaron la Vida”, Jorge Delgado y Sergio de la Zerda, Buenos Aires, Argentina (originalmente publicada en La Razón). Recuperado de https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2020/03/16/evo-dos-llamadas-nos-salvaron-la-vida-por-jorge-delgado-sergio-de-la-zerda-entrevista-exclusiva/
Moldiz Mercado, H. (2020). Golpe de Estado en Bolivia, la Soledad de Evo Morales. Cuba: Ocean Sur.