De golpes y fraudes
Análisis del campo de fuerzas políticas en la Bolivia post Evo Morales
Eduardo Paz Gonzales
epaz@colmex.mx
Universidad Mayor de San Andrés
Bolivia
Recibido: 09/01/2020
Aprobado: 11/02/2020
Resumen
Bolivia atravesó un período convulsionado el último trimestre de 2019. Las elecciones que dirimirían si Evo Morales era electo para un cuarto mandato quedaron anuladas bajo acusaciones de fraude y abrieron un período contencioso. En este artículo se examina, en clave de la construcción y erosión de la hegemonía, los momentos de fortaleza y caída del Movimiento Al Socialismo (MAS), así como se avizora la emergencia en el campo político de nuevos y no tan nuevos actores conservadores. Un conjunto de errores facilitaron la caída del gobierno, aun después de 14 años de administración eficiente del poder. Tanto las narrativas de golpe de Estado como la de fraude son parte de un reacomodo producido por la pérdida de hegemonía del MAS que abre un periodo nuevo de pugna por la democracia.
Palabras clave
Bolivia, Evo Morales, hegemonía, MAS, política.
Abstract
Bolivia underwent a convoluted period in the last trimester of 2019. The elections that were supposed to define if Evo Morales would be elected for a fourth term were canceled over accusations of fraud and unleashed a struggle. This paper addresses the moments of strength and weakness of the Movimiento Al Socialismo (Movement Towards Socialism) as well as the emergence in the political arena of new and not-so-new conservative leaderships. Mistakes and missteps made the government an easy target, even after 14 years of political power management. Both fraud and coup d’etat narratives that shall be regarded not as explanations on the events and rather part of tactics in a new set of strengths between political actors.
Keywords
Bolivia, Evo Morales, hegemony, MAS, politics.
Introducción
En 1983 René Zavaleta (1983) escribió:
si el fraude ocurre dentro de la hegemonía, el fraude es irrelevante. Si la rebasa, es decir, si trata de reemplazar el efecto de una hegemonía que no tiene, no es verosímil y, en consecuencia, conducirá a hechos aún más graves. Tal es, después de todo, la base teórica de la democracia burguesa. (1983, p. 170)
En su barroca formulación, Zavaleta provee de una clave valiosa para aproximarse a los eventos recientes que azotaron Bolivia desde octubre de 2019. Se trata, en fin, de cómo plantearse el problema de la transición forzosa de Evo Morales y la sucesión de un gobierno de restauración neoliberal. Si bien lo primero que llamará la atención de la cita de Zavaleta es la mención del fraude, el acento conceptual se encuentra del lado de la hegemonía: los hechos son diversos y su significación podrá remitirse al infinito de las cadenas causales. Pero estos hechos puntuales, golpes o fraudes, existen dentro de un momento del proceso hegemónico, que al final de cuentas es el que les provee el valor de su ocurrencia.
Retomando las consideraciones sobre hegemonía, este artículo se propone examinar la situación de las fuerzas políticas en el entorno estatal boliviano atingentes a la caída de Evo Morales, la sucesión en el gobierno de Jeanine Añez y las fuerzas actuantes antes de las elecciones de 2020. En octubre de 2019 se llevaron a cabo elecciones generales que desembocaron en eventos turbulentos: los resultados de las elecciones fueron seriamente cuestionados por observadores internacionales y locales por un conjunto de irregularidades registradas. Asimismo, el electorado opositor a Morales -que se presentaba para un cuarto mandato- evidenció el corte de transmisión del sistema de conteo rápido, lo que inmediatamente los puso en alerta y los llevó a las calles en protesta. Los eventos se precipitaron raudos: la protesta fue creciendo ante un Tribunal Supremo Electoral que se empantanó en su ineptitud y un gobierno central sin respuestas efectivas. La protesta social de sectores medios y urbanos principalmente arrinconó al gobierno mientras los liderazgos de la oposición negociaron con altos mandos militares y policiales los términos de defenestramiento de Evo Morales, como afirmó el mismo lider cívico Luís Fernando Camacho.
Dos narrativas se generaron en un campo político polarizado:
Este trabajo, antes de seguir con alguna de las dos narrativas, examina el marco más amplio de los eventos políticos a fin de identificar la fortaleza de las fuerzas políticas, su acción estratégica y sus opciones abiertas de cara al futuro. De tal modo, el argumento general que guía las siguientes páginas es que se quebró la hegemonía que el MAS detentó por una década y el campo político se abrió a formas contenciosas de modo competitivo. Errores del MAS así como la reagrupación de sectores liberales y conservadores han dado nuevo rostro a la política boliviana contemporánea.
El artículo está organizado en tres secciones. En la primera se evalúa la edificación de la hegemonía del Movimiento al Socialismo tras 14 años de lo que el mismo gobierno denominó proceso de cambio. Se hace un recuento rápido de los pilares en los que se levantó la imagen de éxito económico con inclusión social, que llevó a separar a Bolivia de otros gobiernos rosa de la región, más bien sumidos en contradicciones profundas. En la segunda parte el análisis se concentra en el discurrir de los eventos recientes en lo que toca a los hechos que dañaron la hegemonía del MAS desde su propio accionar y en relación con los otros actores. La tercera parte a su vez se concentra en las características de la derecha y sus fraccionamientos y contradicciones contemporáneas.
El momento
hegemónico
Antes de que Evo Morales asumiera la presidencia del país, Bolivia vivió una profunda crisis estatal (Paz Gonzales, 2016). El inicio del siglo XXI marcó la debacle del orden neoliberal en varias dimensiones: en lo político fue visible que el sistema de partidos y la forma de gobernabilidad instituida -una gobernabilidad producida con pactos entre partidos- ya no podían canalizar las demandas sociales de un modo eficiente. Esencialmente eso quedó desnudado con las movilizaciones de 2001 y 2003 principalmente, conocidas como guerra del agua y guerra del gas. Estas movilizaciones, junto a otras más puntuales pero igualmente intensas, mostraron que las organizaciones sociales como los campesinos -y dentro de ellos los productores de coca-, pueblos indígenas, trabajadores manuales y precarizados habían recuperado iniciativa política y la estaban dirigiendo por canales extrainstitucionales. Las protestas y los sistemas de procesamiento vivían un permanente desencuentro y la inestabilidad se había convertido en una marca visible especialmente en la renuncia de presidentes en ese periodo (Banzer en 2001, Sánchez de Lozada en 2003, Mesa en 2005).
Del mismo modo habían problemas en la dimensión económica. Las medidas neoliberales que se aplicaron desde 1985 con el Decreto Supremo Nº 21.060 y luego en una segunda oleada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) no arrojaban resultados favorables. Las empresas estatales fueron privatizadas porque se alegó que eran deficitarias, pero en manos de privados sirvieron para que funcionarios de gobierno abusen de puertas giratorias para apropiarse de aquellos bienes estatales. Asimismo, sólo algunos años después de privatizadas, algunas de estas empresas se encontraban plagadas de malos manejos y más de un culebrón de casos de corrupción.
Por otra parte, la narrativa de integración cultural aplicada en esos años fue la del multiculturalismo como forma de reconocimiento de minorías étnicas. En esa plantilla de acción se suponía que se potenciarían políticas de reconocimiento políticas, económicas y sociales que permitan la incorporación en el Estado Neoliberal de entonces. Sin embargo, la demanda étnica en el país aspiraba a algo más que sólo una incorporación: demandaba una transformación del Estado para expresar la voz y propuestas indígenas.
En el vértigo político de esos años distintos líderes populares aparecieron en la arena política. Quizás los dos más notables hayan sido Felipe Quispe y Evo Morales. Quispe, indio aymara, había estado en prisión por ser parte de un grupo armado -el Ejército Guerrillero Tupac Katari- y que después de su excarcelación fue elegido secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Quispe, que había quebrado el sentido común neoliberal al revitalizar la idea de las dos bolivias, una criollo/mestiza y explotadora, que abusaba de la otra, la Bolivia india y trabajadora, ocupaba la posición más radical en el escenario político de inicios del siglo XXI.
Evo Morales, por su parte, dirigente de los productores de coca del Chapare -trópico cochabambino- encabezaba la lucha en defensa de la hoja de coca en contra de las medidas de erradicación de coca del gobierno, no solo alineado a los Estados Unidos sino asesorado en terreno por la DEA. La posición de Evo Morales, como dirigente sindical de una lucha que tenía como antagonista a los Estados Unidos, le permitió hacer un ensamblaje de lucha local con una perspectiva antiimperialista, de larga raigambre en la tradición política boliviana. A diferencia de Quispe que se apoyaba en un discurso radical indianista, Morales llegó a ocupar una posición de articulación entre posiciones indianistas, sindicales, izquierdistas, nacionalistas (Stefanoni y Do Alto). Esto, no obstante, sólo pudo desarrollarse en la medida que se sucedían las protestas, las elecciones de 2002 y se incrementaba la conflictividad del campo político. En otro lugar he sostenido con más detalle que mientras Quispe fue el actor que resquebraja la pax neoliberal, es Morales quien logra aglutinar fuerzas populares de distintos acentos entre los inconformes del neoliberalismo (Paz Gonzales, 2016).
Articulador de las fuerzas populares, Morales se alzó victorioso en las elecciones de 2005 con un resultado que sorprendió a todos: 53,72% del electorado le dio su voto en un país donde las mayorías electorales eran un fenómeno muy raro. Antes de Morales, en 2002, Sánchez de Lozada se había levantado ganador con 22,5% del apoyo electoral y un acuerdo de cinco fuerzas políticas en el poder legislativo. La fuerza electoral de Morales no fue un episodio aislado: en 2009 y en el marco de una Nueva Constitución Política del Estado, Morales fue votado por el 64,22% del electorado, por el 61,36% en 2014. Antes, en 2008, Morales enfrentó un referéndum revocatorio de mandato en la que recibió el apoyo del 67.4% del electorado para continuar en sus funciones (Mayorga y Rodríguez, 2015). El apoyo a Morales fue especialmente arrollador en zonas rurales, periurbanas y populares, llegando en los momentos de mejor proyección a zonas de clase media.
Morales convocó en su primer gobierno a una Asamblea Constituyente, la misma que había sido demandada desde inicios de 2000 por sectores populares. En la misma el partido de Morales, el MAS, tuvo amplia mayoría y si bien el proceso fue extremadamente complicado por la oposición férrea, salió adelante. El texto final establece un marco bastante amplio de derechos sociales así como un amplio catálogo de reconocimientos para los indígenas, el carácter plurinacional de Bolivia y el horizonte del vivir bien como proyecto. Cuando este nuevo texto constitucional fue puesto a consideración de la población para aprobación, la votación le dió un apoyo del 61,43%. La fuerza electoral de Morales quedó plasmada en una nueva Carta Magna que expresa una proyección de país con fuerte presencia del Estado en garantizar derechos de la población.
A la hora de pedir el voto de la población, Morales se había mostrado sumamente vigoroso por un conjunto de razones que van desde la identificación étnica con el candidato hasta el pragmatismo causado por la estabilidad de las gestiones de Morales en el poder, pasando por la sintonía ideológica y programática. Esta fortaleza electoral, vale decir, no había sido omnímoda: en elecciones regionales, el Movimiento Al Socialismo fue más discreto en su performance, teniendo más problemas para elegir gobernadores (especialmente en Santa Cruz, departamento motor de la economía del país) y en alcaldes en las ciudades capitales como la misma Santa Cruz o la sede de gobierno, La Paz.
La fortaleza electoral de Morales va de la mano con un conjunto de transformaciones materiales que también se evidenciaron desde su primera gestión. Como señala Paz Rada (2016: 97) es a partir de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 que se empieza a transformar la economía del país: mientras en 2005 el valor de las exportaciones en la rama de hidrocarburos alcanzó los US$1.400 millones, esa cifra asciende a 5.890 millones en 2012. En la minería sucede algo semejante al pasar de un valor de exportaciones de US$350 millones de dólares en 2005 a US$2.076 millones en 2012. Es la combinación entre una política estatal de recuperación del control de los recursos naturales y condiciones favorables del mercado internacional lo que cambió sustantivamente los ingresos del país y su posibilidad de administrar los excedentes más significativos.
La generación de excedentes fue acompañada en el gobierno de Evo Morales por una fuerte inclinación a la redistribución. Como señala un estudio de Escobar de Pabón et al. (2019: 18) la pobreza por ingreso se redujo significativamente en la última década (de 60% a 38%), algo que es corroborado por Pereira (2017: 51) que muestra que la pobreza moderada urbana y rural se redujeron entre 2006 y 2014 de 50,27% a 30,56% y de 76,47% a 57,56% respectivamente. Siguiendo a Pereira, se evidencia una reducción del Índice de Gini, que pasó de 0,59 en 2006 a 0,50 en 2014; en efecto, Bolivia era un país menos desigual.
Si bien el gobierno ha procurado, por distintos medios, favorecer la redistribución del ingreso, utilizando transferencias directas así como subvenciones (como el mismo ex vicepresidente García Linera recordó en un programa en la televisión mexicana), un estudio reciente del PNUD (2018) ha enfatizado que la medida más efectiva ha sido el aumento de salarios. Cada año desde 2006, el gobierno de Evo Morales negoció con trabajadores y empresarios el alcance del aumento salarial en función del desempeño de la economía. Estos aumentos beneficiaron directamente a la parte formal de la economía e indirectamente inyectaron dinero en el mercado interno, lo que benefició a los grupos fuera del sector formal.
Esta pujanza se tradujo en transformaciones del consumo. Como ha apuntado Hugo José Suárez (2019: 91) (e)ntre el 2006 y el 2013 el incremento del valor de ventas y facturaciones en supermercados aumentó 362%, llegando a 438 millones de dólares. El mismo Suárez agrega que la facturación en negocios de comida aumentó de US$67 a US$416 millones en el periodo ya señalado. En suma, se trató de un momento de bonanza en los mercados internacionales, aprovechado para la reducción de la pobreza, de la desigualdad y que también se expresó en el consumo de la población.
La construcción de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo se apoyó, de modo primario, en la relación entre las repetidas victorias electorales y los logros económicos de la gestión. Por supuesto, lo anterior no basta para construir hegemonía, si por hegemonía entendemos el proceso de edificación de un consentimiento generalizado favorable al gobierno. En 14 años de gestión, el gobierno de Evo Morales tuvo distintos antagonistas. Sin embargo excede a los propósitos de este trabajo recapitular los momentos del gobierno de Evo Morales y la amplia literatura sobre los mismos que existe (Schavelzon, 2012, García Linera, 2008, 2010, 2015, 2017, Molina Argandoña et al., 2014, Peñaranda, 2014, Cordero Ponce, 2018, Miranda, 2012, Paz Gonzales, 2015, 2016b, 2017, 2018, Moldiz, 2020).
La aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado sirvió al gobierno para establecer un terreno de discusión, es decir, si bien no todos los actores convergen ideológicamente con el gobierno, les toca discutir en la arena de la implementación de la Constitución. Esto es lo que William Roseberry había tratado como factor clave de la hegemonía: la producción de un lenguaje de controversia, o bien, que lo que esté en juego en lo político sea en las coordenadas provistas por el gobierno. A la vez, el gobierno mantuvo de modo permanente la vinculación con organizaciones sociales decisivas: la Central Obrera Boliviana, la CSTUCB, los productores de coca del Chapare, además de sectores mineros. De modo más controversial, el gobierno logró que facciones de otras organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo o la Central Indígena del Oriente Boliviano se mantuvieran próximas, así como a sectores gremiales, juntas vecinales y transportistas. Si bien esto dio sostenibilidad a un bloque histórico popular, ciertos modos de administrar la política de las organizaciones terminaría por implosionar, como se verá más adelante.
A la vez, el gobierno tuvo que lidiar de modo constante con la presión de gobiernos de otros países, entre ellos Estados Unidos, por supuesto. Para contrarrestar la presión y la mala prensa, el gobierno actuó en el plano internacional de modo conjunto con otros gobiernos progresistas de la región (en su momento Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador). De modo interno, la denuncia de la interferencia extranjera sirvió frecuentemente para polarizar el discurso público y separar los sectores afines a la política de Washington de los que apostaban por una construcción soberana del país. De tal modo que el bloque histórico popular encontraba su referente internacional en las iniciativas como UNASUR, ALBA y CELAC, dando consistencia a la política del gobierno y de hecho nutriendo la hegemonía del MAS.
Desgaste
y errores del MAS
Vigoroso como se había mostrado en actos electorales, Morales forzó la cuerda hasta romperla. Habiendo salido victorioso de las justas electorales de 2014 con un margen amplio que le daba incluso dos tercios de representación en la Asamblea Legislativa, Morales propuso modificar la Constitución Política del Estado para habilitarlo a un mandato adicional.
De acuerdo a la norma jurídica, Morales había agotado sus opciones de reelección. La primera vez que fue elegido fue al amparo de la antigua Constitución Política del Estado, la misma que impedía la reelección del cargo del presidente de modo continuo, es decir, en el caso de Morales, para el período 2006-2010. Al aprobarse la Constitución de 2009 se llamó a nuevas elecciones, acortando el primer mandato de Morales pero en el entendido de que la elección en el marco de la nueva Constitución contaba como primer mandato. Así fue elegido para el periodo 2010-2014 y posteriormente con las elecciones de 2014 Morales hizo uso del derecho a la reelección para el período 2015-2019. De acuerdo a la norma, hasta ahí iban sus posibilidades de presidir el país.
Sin embargo, confiado del apoyo popular, Morales convocó a un referendum en el que planteó la modificación del artículo 168º de la Constitución, que limita la reelección de autoridad. El resultado fue un duro revés para Morales: el 51,3% de la población votó por no modificar la norma.
Varios elementos convergieron para que la votación se volcará en contra de Morales. De acuerdo a Mayorga y Rodríguez (2016: 85) cinco fueron los ejes de la propaganda contra la modificación:
(Este último punto en particular fue el caballo de batalla antes de la votación, que erosionó el voto por mostrar corrupción de gran escala en la cúpula del Estado.)
Dentro del Movimiento Al Socialismo la derrota fue atribuida a un momento coyuntural y a una sincronización de las fuerzas conservadoras para desprestigiar al gobierno. Se pensó que el desbalance electoral podría ser revertido y para lo mismo habría que recuperar la iniciativa política. Si bien la iniciativa política fue recuperada, la derrota que se había producido con la votación el 21 de febrero de 2016 no sería fácilmente olvidada. Cada 21 de febrero posterior fue recordado como fecha de una victoria opositora y movilizaciones en las calles insistían en que Evo Morales debía retirarse al concluir su mandato.
Morales buscó estrategias legales para habilitarse a un mandato adicional. Finalmente se decantó por pedir una interpretación al Tribunal Constitucional sobre si el artículo 168º de la CPE no coartaba su derecho humano a ser elegido, y la respuesta que obtuvo fue favorable. Sin embargo, el ardid no fue visto con buenos ojos: la oposición simplemente vió en la sentencia constitucional una manipulación más del Poder Judicial desde el Ejecutivo. Más grave aún, ni siquiera dentro de la esfera pro gubernamental se podía defender con mediana sensatez la habilitación como candidato de Evo Morales.
La historia política boliviana sugiere que el acto mismo de las elecciones es maleable según la correlación de fuerzas. Fraudes, amaños, golpes, revueltas y revoluciones son parte del entorno histórico de las elecciones en el país (Cf. Irurozqui, 2019). En algún momento, a pesar de haber declarado que se iría a su casa si pierde por un voto, Morales trató de cancelar un acto eleccionario con otro. Sin embargo parece que el actual ciclo democrático iniciado en la década de los 80 ha dejado un sedimento nuevo en la práctica política boliviana: el voto no es superficial, no es un hecho más en la contienda política, sino un legitimador sustantivo. El desafío ha los resultados del 21 de febrero de 2016 socavaron la legitimidad de Morales hacia la elección de 2019 (Stefanoni, 2019).
Morales actuó, y junto con él el resto del MAS, como si suficiente tiempo de preparación y de reactivación del período de campañas pudiera mitigar el efecto del referéndum del 21 de febrero. Pero la oposición se aferró a ese evento e hizo gravitar alrededor de esto su propia campaña electoral. Carlos Mesa, que había sido antes vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego presidente de la República, se postuló como candidato y rápidamente se perfiló como el contendiente principal de Evo Morales. Oscar Ortiz, candidato del bloque conservador cruceño se presentó también al primer cargo del país después de varias gestiones como Asambleísta y aspirando a recoger el voto regional; finalmente un conjunto de candidatos de poca proyección completaron a los contendientes.
Para la oposición, la conformación de un frente amplio se había convertido en una obsesión en el plano comunicacional: sin un frente amplio, Morales ganaría aprovechando la dispersión del voto. Sin embargo, en términos prácticos, los intereses en juego era muchos y no siempre compatibles. O dicho de otra manera: de llegar a ocupar el Poder Ejecutivo, un frente amplio debería repartirlo entre demasiados interesados, algo que además preveía el problema de un gobierno inconsistente por falta de un liderazgo reconocido y unificado. Ya en la carrera electoral corrió la consigna del voto útil, y eso finalmente benefició a Mesa, que en todas las encuestas era claro segundo, muy lejos de Oscar Ortiz, que fue incluso superado por un candidato sorpresa, Chi Hyun Chung.
En el trabajo de Villanueva (2019) puede verificarse que las 47 encuestas de 7 empresas encuestadoras daban al MAS por victorioso en las justas de octubre de 2019 por márgenes comprensiblemente reflejados en la votación del 20 de octubre. La legislación boliviana reconoce como ganador a quien saque 50%+1 de los votos o a quien supere el umbral de 40% con una ventaja de 10 puntos respecto del segundo. Si bien Morales seguía siendo el primer candidato, los márgenes eran muy estrechos. Además de que su negativa a aceptar los resultados del referéndum permitía a la oposición preparar una narrativa de fraude: Morales no iba a dejar el poder por el voto, ya lo había demostrado.
Cuando el día de la elección llegaba a su tramo final, con el conteo rápido y el cómputo final en curso, el sistema de conteo rápido fue detenido en 87%, cuando Morales llevaba una ventaja de 7 puntos porcentuales. Ese hecho manchó el acto. A partir de ese momento la narrativa de fraude se impuso mientras el Tribunal Supremo Electoral vacilaba en dar una respuesta coherente y el Poder Ejecutivo trataba de salir a anunciar una nueva victoria. Los antagonistas de Morales se volcaron a las calles decididos y convencidos de que el gobierno haría trampa para quedarse. Morales y sus acólitos no pudieron salir a dar una explicación clara y pronto fueron sobrepasados por las protestas que tomaron las calles. 21 días después de la elección trunca, Morales renunciaba ante protestas en las calles, las fuerzas represivas del Estado en desacato y altos líderes de oposición en negociaciones con representantes de Estados Unidos, Brasil, la Policía y el Ejército.
Dos hipótesis circularon en ese momento de polarización: la hipótesis del fraude y la del golpe (Moldiz, 2020). La del fraude sostiene que la detención del conteo rápido se vincula con otra evidencia que sugiere modificación de actas de mesas de votación, manipulación de datos en los servidores del TSE, rupturas en la cadena de resguardo de los resultados desde los recintos hasta los tribunales. Esta hipótesis se vio fortalecida por el informe emitido por la Organización de Estados Americanos que concluye que hubo manipulación dolosa en las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, proyecciones estadísticas y otros estudios (Curiel y Williams, 2020) sostienen que el resultado final al que llegó el TSE, con Morales ganando con 47,08% de los votos y 10,54 puntos de diferencia respecto de Mesa, estaba de acuerdo con la tendencia del 80% de las actas reportadas antes del apagón del conteo rápido.
La segunda hipótesis parte del conocimiento de que la narrativa del fraude estaba previamente dispuesta a ser empleada cualquiera sea el resultado de las elecciones, es decir, el desconocimiento de las elecciones estaba planificado. Se alega también que estas movilizaciones estarían financiadas por grupos empresariales, los mismos que habrían contactado a la jerarquía militar y policial para negociar los términos del retiro de su apoyo al gobierno. Esto fue confesado por el mismo Luis Fernando Camacho (La Razón, 28/12/19) en una infidencia registrada en video y cuando ya todo se había consumado.
Más que explicaciones, ambas hipótesis fueron las trincheras de batalla de un país prácticamente dividido en dos. Del lado de quienes sostuvieron que hubo fraude, hay detalles nunca aclarados sobre qué y cuánto se modificó del resultado. Se apoyan, no obstante, de modo efectivo en la pérdida de legitimidad del MAS y en los errores procedimentales del TSE, un efecto práctico de la desinstitucionalización del organismo provocado por el mismo MAS. Del lado de quienes sostienen que hubo golpe hay dos facetas que conviene remarcar. Como señaló Silvia Rivera en el Parlamento de las Mujeres (12/11/19) la hipótesis del golpe exculpa al masismo de todos sus errores y los pone en posición de víctimas sin más. La segunda faceta de la debilidad de la hipótesis del golpe es que tiende un velo sobre el hecho patente de que en las calles el MAS estaba derrotado por la movilización de los electores opositores antes de la perfidia de las fuerzas represivas del Estado.
Visto en retrospectiva, parece fácil comprender la sucesión de los eventos dentro del desgaste de la hegemonía del MAS, pero en términos de experiencia, todo aquello fue muy sorpresivo. Dentro de la cotidianidad, verse inmerso en un momento en el que el país parece al borde de una confrontación violenta entre civiles resultaba abrumante y más de un analista estaba desconcertado sobre qué estaba pasando. El miedo se convirtió en justificativo de decisiones e inclusive conocida la nefasta historia la participación de los militares en golpes de Estado, no fue raro ver alivio en la gente porque alguien se encargaría de evitar que la gente se mate entre sí -alivio que duró poco porque luego los militares protagonizaron las masacres de Senkata y Sacaba en los días sucesivos a la renuncia de Morales.
Tanto la narrativa del golpe como la del fraude son parte del fenómeno a explicar y entender antes que una disyuntiva de comprensión en sí misma. La falta de credibilidad en el proceso de votación y en la institución misma es resultado de errores de administración de lo público, por ello la fuerza que tuvo la movilización en la calle, aunque solo fuera en los epicentros urbanos frente a la apatía de las zonas populares. Del mismo modo la propensión de la policía y los militares ha apartarse del orden constitucional es una parte de algo más grande que puede ser considerado como una insurrección conservadora aun cuando el abanico ideológico de los movilizados era más amplio; esto será visto en la siguiente sección. Pero ¿por qué el MAS y el gobierno de los movimientos sociales fue tan poco eficiente en las calles? La campaña de 2019 permite bosquejar una respuesta a ello, y es que la agenda de transformación en ese momento estaba agotada.
En los meses de campaña, Evo Morales fue incansable en presentarse ante multitudes a fin de convocarlos a votar por él, así como hubo un despliegue sustantivo en medios de comunicación. Es en el mensaje mismo de campaña que se puede notar el momento de debilidad del gobierno. La campaña tuvo por eslogan Evo Pueblo, Futuro Seguro. El contenido de de ese Futuro Seguro era un llamado a la continuidad: el país tuvo relativa paz social, avances en lo económico y lo redistributivo, un léxico de transformación institucional con la descolonización, las autonomías indígenas, la despatriarcalización, todo en el afán de construir lo plurinacional. Futuro seguro era la invitación a seguir por esa senda, apelando al pragmatismo de los votantes y sin grandes épicas revolucionarias.
La nacionalización de los hidrocarburos había dado oxígeno financiero al Proceso de cambio y muchas cosas fueron emprendidas con esos recursos. El gobierno intentó de manera insistente en iniciar un proceso de industrialización que permita superar la dependencia de materias primas, pero la realidad resultó más obstinada y los logros de esta industrialización fueron discretos. Los megaproyectos de represas o carreteras fueron cuestionados como continuación de un modelo de desarrollo extractivista, pero la crítica fue esteril en proponer un cambio de matriz económica realista que esté a la altura de las demandas del mercado interno. En este momento es inevitable proseguir con una discusión que vaya más allá de la retórica ambientalista y se haga cargo tanto del desarrollo como del medio ambiente.
Otro aspecto fundamental radica en el cambio en la orientación política de las organizaciones sociales. Por un lado la relación con el Estado en esta forma directa gestionada por Morales favoreció que las organizaciones sociales velaran por sus intereses corporativos y gremiales antes que por un horizonte de transformación estatal. Como han señalado Zegada y Komadina (2014) los representantes legislativos dejaron parte de sus funciones de legislación en favor de convertirse en tramitadores de recursos para proyectos.
Más alarmante aún es que los intereses locales de las organizaciones buscaran más las señales exteriores del desarrollo en lugar de proyectos que materialmente den condiciones de mejor existencia; como era preferir coliseos antes que proyectos de riesgo. Es decir, con un matiz popular, el Estado siguió siendo en muchos aspectos, objeto de un apropiamiento de recursos. No es la corrupción patrimonial ejercida por un puñado de familias de los años 90, pero sí es un sentido del Estado como cajero.
Por otro lado, allí donde el Estado no pudo crear un vínculo con organizaciones sociales, introdujo prácticas de desestabilización de las organizaciones. Valga un ejemplo específico: a inicios de 2020, Alison Spedding (2020) publicó un texto que sintetiza este proceso entre los cocaleros de Yungas, a los cuales la misma Spedding pertenece como productora. Los cocaleros de Yungas, a diferencia de los del Chapare, son de la zona conocida como tradicional, por lo tanto difícilmente pueden ser afectados por reconsideraciones de la ley de coca o cualquier otra que afecte el cultivo.Pero, al mismo tiempo, la legislación sobre coca que favorece al Chapare puede ir en desmedro de Yungas en temas de aumento de las áreas legales en Chapare o en temas de comercialización.
Cuando empezó a tratarse la nueva Ley de Coca en 2017, los dirigentes de Yungas quisieron reunirse con el Ministro del área, pero este respondió que ya se había reunido con dirigentes de la zona, con sus dirigentes. En 2006, como modificación de la Ley Nº 1008, se había habilitado la posibilidad de que productores sean autorizados a vender al detalle, productores luego conocidos como carpeteros, cuando lo normado hasta entonces era que la coca se vendía a asociaciones de detallistas, conocidos como cocanis. El hecho es que los productores que supuestamente también son detallistas, en realidad son una fracción de clase con vínculos en la comunidad, en donde alguien más se ocupa del cultivo mientras ellos se ausentan para vender la coca; algo que no puede hacer un productor de coca que debe estar cuidando el cultivo de manera intensiva. La ley de 2006 provocó que el sindicato de cocaleros fuera el techo para dos intereses diferentes: una fracción privilegiada recampesinizada de carpeteros, el resto campesino con otros intereses sobre la legislación. El gobierno procuró hacerse del control de los sindicatos de Yungas, favoreciendo a la fracción privilegiada, que si bien es minoritaria, duplicó la estructura sindical.
El gobierno había subestimado la unidad y las prácticas políticas yungueñas, conocidas por ser implacables con sus propios dirigentes (Spedding, 2020). Si bien tensiones y conflictos cundieron en la organización política, inclusive golpeada y perseguida por el Ministerio de Gobierno, en el momento de crisis de gobierno, los cocaleros de Yungas en su mayoría había tomado partido por defenestrar al gobierno. Los intentos del gobierno de perforar el sindicato y hacerse de su control más allá de los intereses de los campesinos de base lo convirtieron en un enemigo. La situación de animadversión en contra del gobierno cundió en otras organizaciones de modo semejante a lo que ocurrió en Yungas; en el afán de controlar las organizaciones, el MAS adoptó formas de subordinación y de desestabilización que despertaron más de una aversión en organizaciones de base.
El resultado de esta dinámica, que aquí se ejemplifica con un caso, se expresa de modo variable en la geografía del país. Existen sin duda pertrechos sólidos del MAS, inclusive por ahora inexpugnables, como las federaciones del trópico de Cochabamba (los productores de coca de donde salió Evo Morales). Pero sería erróneo creer que ese apoyo es homogéneo dentro del campo popular, más aun en este momento en el que hay reacomodos y las formas corporativistas instauradas con el MAS habilitan negociaciones entre otros líderes políticos con gremios particulares.
Competencia
conservadora
El 13 de marzo, el periódico La Razón (2020) de La Paz publicó una nota que es expresiva del clima electoral post Evo. Titulada En nueve encuestas, Arce y Añez suben, Mesa se estanca y Camacho cae, la nota sintetiza el trabajo de la Fundación Friedrich Ebert con su agregador de encuestas en la que reúnen, ponderando cobertura y muestra, los resultados de cuatro empresas que levantaron datos hasta ahora. En estos resultados se advierte que el sucesor de Morales, Luis Arce Catacora, punteaba la intención de voto, llegando al 36% del voto válido. Atrás competían Carlos Mesa, principal contendiente de Morales en la elección de 2019, y Jeanine Añez, presidenta transitoria, con 20 puntos cada uno en un empate por el segundo lugar. Atrás y alejado, Luis Fernando Camacho con 12%.
A pesar del descalabro de finales de 2019, el MAS sigue siendo primera fuerza política y no se descarta que pueda alcanzar una victoria en primera vuelta. Es decir, si bien la gran hegemonía masista se desgajó, ello no significa que no guarde gran caudal de militancia y simpatizantes. Inclusive, es dado a pensar que la salida de Morales sirve para apaciguar aquellas características de su gobierno que eran más rechazadas. En diciembre de 2019, la empresa CIESMORI levantó una encuesta electoral anticipando las elecciones de 2020. En la misma incluyó una pregunta sobre los peores defectos y logros del gobierno. Entre los defectos destacan tres (en una pregunta donde cada encuestado podía marcar varias respuestas): abuso de poder (45%), fraude (37%) y corrupción (35%). En un sentido general, los dos problemas del MAS eran la continuidad incuestionable de Evo Morales. El tema de la corrupción, en cambio, es algo que podría seguir pasándole factura. Entre los logros, destacan que Evo Morales creó bonos (42%), la estabilidad económica (36%) y la nacionalización de los hidrocarburos (24%). Es decir, incluso ido, Evo era reconocido por una buena gestión.
Pero el hecho fundamental de la erosión de su hegemonía sigue patente en el escenario post Evo: el MAS puede perder frente a sus antagonistas,o dicho en otras palabras, estamos frente a una situación de competencia que va a exceder el marco de las elecciones de 2020.
¿Quienes compiten desde la disidencia al MAS? El primer contendiente es Carlos Mesa, quien sacó 36% de la votación en la elección anulada. Mesa antes fue vicepresidente de Sánchez de Lozada y posteriormente Presidente cuando éste renunció. Conocido periodista e historiador, proveniente de una familia de intelectuales igualmente muy reconocidos y el involucrado en la vida pública desde muy jóven. Las encuestas de marzo de 2020 le daban a Carlos Mesa 18,3% en la intención de voto (El Deber, 16/03/2020), muy por debajo de su votación sólo 5 meses atrás.
Carlos Mesa fue candidato insistiendo en la necesidad de un Frente Amplio, sentir compartido por la oposición a Morales, como ya se mencionó. No se logró el Frente Amplio, pero Mesa, como candidato fuerte apeló en su campaña de 2019 al voto útil. En esa justa el tercer candidato era Oscar Ortiz, que no logró despegar en las encuestas. No sin sorpresa, la votación del departamento Santa Cruz favoreció a Carlos Mesa, que sin ser muy aceptado en el oriente, se perfiló como el hombre que podía derrotar a Morales. La misma situación no se replica en 2020. La caída de Morales y los días tumultuosos sirvieron para catapultar otros dos líderes que, justamente, provienen del oriente.
Se trata de Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez Chavez. Ambos provienen de los entornos del empresariado del oriente del país y en principio responden a un fisura producida en el bloque oriental en 2009. En 2008 durante la toma de instituciones, una acción de fuerza orientada a lograr la autonomía departamental por la fuerza y recurriendo a grupos paramilitares, el gobierno de Morales logró reponer el orden utilizando fuerza militar. En ese momento, los dos líderes del movimiento autonomista, Rubén Costas y Branko Marincovic tuvieron un impasse: mientras el segundo estaba dispuesto a continuar con la toma de instituciones a pesar de los muertos civiles, el primero optó por recular, dada la gravedad de los hechos. Finalmente, Costas se impuso y negoció con el gobierno central. Esa diferencia dividió el bloque de poder cruceño entre los radicales, dispuestos a todo, y los moderados, que preferían mantenerse dentro de la institucionalidad (Miranda, 2012).
En el primer momento, Luis Fernando Camacho estuvo vinculado con el ala radical de la derecha cruceña, mientras que Jeanine Añez se relacionó con una tendencia más moderada. No obstante esa diferencia, las semejanzas ideológicas son notables. Ambos líderes han empleado la fe en Cristo como guía política y no han dudado en publicitarlo. Añez ha sido panelista en eventos de organizaciones como Con mis hijos no te metas y en más de una ocasión ha escrito tuits polémicos, cuando no racistas (Euronews, 15/11/19). Luis Fernando Camacho, en un cabildo masivo en contra del gobierno, hizo arrodillarse y rezar a los asistentes (La Razón, 8/11/19), ha afirmado, antes de la renuncia de Morales, que devolvería la Biblia al Palacio de Gobierno y, ya en campaña, ha ofrecido un ministerio de la familia (La Prensa, 11/01/20) . Ambos candidatos encarnan una propuesta regresiva en lo que a la agenda de derechos sociales se refiere.
En el primer momento de la reorganización del campo político, Luis Fernando Camacho, que había sido protagonista de las protestas que defenestraron a Morales, fue visto con simpatía. Según el agregador de encuestas de la Fundación Friedrich Ebert, en noviembre de 2019 Camacho contaba con una intención de voto de 20%, que no ha hecho más que descender hasta llegar a un 9% según el mismo agregador (Conferencia de Armando Ortuño el 20 de marzo de 2020 en sede FES en La Paz). Mientras tanto Añez, que en un primer momento no se había presentado como candidata, luego se decidió a hacerlo. Partió de 10% en diciembre de 2019 y en marzo estaba en el 22%, prácticamente empatando con Mesa y de hecho recibiendo apoyos originalmente con Camacho y Mesa. Un hecho es decisivo: Añez, estando en función de gobierno, supuestamente de modo transitorio, en realidad ha puesto el aparato público ha disposición de su campaña.
En apariencia, cualquier candidato que aspire a derrotar al Movimiento Al Socialismo con su nuevo candidato debería hacer algún tipo de propuesta o acercamiento hacia las bases de votación del MAS o de los sectores populares alguna vez cercanos a este partido. Lo que se ha evidenciado en cambio es el recrudecimiento de un tipo de narrativa conservadora con fuertes tonos de discriminación. Esta narrativa se apoya en tres ideas que se hicieron circular desde la renuncia de Morales. Estas son las de la sedición, el narcoterrorismo y el salvajismo.
La noción de sedición apuntaló el primer momento del gobierno transitorio. Las protestas en las calles en contra del gobierno de Añez, motivadas (de modo superpuesto) por el apoyo al MAS, el rechazo del gobierno transitorio y la reivindicación de la wiphala, emblema indígena que había sido quemado durante las protestas en contra de Morales. El epicentro de estas propuestas estuvo en la ciudad de El Alto, específicamente en los alrededores de la planta de gas de Senkata, desde donde se aprovisiona de hidrocarburos a La Paz. Para garantizar dicha provisión, militares y policías desplegaron operativos para despejar las rutas de acceso y salida de la planta. Allí las fuerzas represivas chocaron contra los manifestantes, matando a diez. Desde el gobierno se justificó la acción represiva porque supuestamente los manifestantes querían tomar y detonar la planta. Así, las acciones de protesta contra el gobierno empezaron a ser catalogadas como sedición, lo que llevó a una criminalización de la protesta y la disidencia con Añez.
El 16 de marzo de 2020, la activista feminista María Galindo entrevistó a Roxana Lizarraga en su programa de radio La Barricada. Lizarraga había sido ministra de Comunicación en los primeros meses del mandato transitorio y luego se apartó para candidatear a diputada en el partido de Luis Fernando Camacho. En ese programa, Lizarraga mostró la catadura ético política del régimen, y fundamentalmente mostró el sentido de sedición que estaban manejando: el uso de medios para enfrentar a los pueblos. Interpelada por Galindo sobre el derecho de la gente a movilizarse, Lizarraga respondió que el problema es que le creen y siguen a Morales, para agregar luego que las personas muertas en Senkata eran parte de grupos subversivos. Lizarraga dibujó así la línea que organiza el sentido de la sedición: la acción política disidente del gobierno y que merece como respuesta toda la violencia del Estado.
El otro resorte discursivo de la narrativa es la idea del narcoterrorismo. Sobre el Chapare, zona de producción de coca, recae el estigma de ser la zona de provisión de coca al narcotráfico. Si bien los datos bolivianos sobre aumento de producción de coca son discretos y hay discusiones en curso sobre el narcotráfico y su extensión, el gobierno no dudó en reponer la idea del desborde del narcotráfico. Si bien la situación boliviana dista de la de México, Colombia o Brasil, una parte del público boliviano se encontró predispuesta a aceptar que el narcotráfico campea en el país. Con ese arsenal, los pobladores del Chapare, la plaza más fuerte de Morales, ya no son tratados como disidentes políticos, sino como una organización cuyas acciones políticas son defensa del narcotráfico.
Finalmente se encuentra la idea del salvajismo. Desde las protestas previas a la renuncia de Morales fue notable que mediáticamente y en redes sociodigitales las protestas antimorales fueron tratadas como ciudadanas mientras que sectores populares en protesta fueron llamados hordas. En un país como Bolivia, de larga herencia colonial, la desacreditación de los sectores populares en términos civilizatorios no es una novedad: pasó durante la asamblea constituyente (Defensor del pueblo, 2008), el proceso autonómico (Defensor del pueblo, 2009) y volvió a emerger en la coyuntura de revuelta conservadora.
La atribución de incivilidad que se hizo de sectores populares conjuga un campo semántico diverso: son salvajes, ignorantes, no tienen educación, son adoctrinados y manipulados, no respetan, hacen lo que les da la gana, no entienden. Esa caracterización habilita el uso de la fuerza por parte del Estado como forma de corrección y control de la desviación. En el contexto de cuarentena por la pandemia de coronavirus, dos pobladores de un pueblo del valle fueron captados por un teléfono celular cuando fueron interceptados por militares que procedieron a golpearlos. La reacción a la publicación de la noticia, si bien incluye muestras de solidaridad con la población vejada, también contempla un número no menor de celebraciones de la violencia: se entiende que es lo único que puede aleccionar y enderezar a los pobladores de un pueblo. Llamativamente, dado que los golpeados son de un pueblo, se asume que serían proclives al MAS y además se los tilda de salvajes y testarudos, incapaces de comprender el problema de la pandemia.
La cuestión del orden del Estado ha llegado a plantearse en términos de poblaciones que se constituyen en amenazas. Todo el entramado de la narrativa de la estigmatización coadyuva a expulsar la disidencia política de lo pensable e insistir en el carácter amenazante de ciertas poblaciones. Dentro del espectro ideológico, se trata de convertir al actor popular en un sujeto abyecto que asedia la reorganización de la sociedad, que, queda evidenciado, excluye al masismo. En el plano de las elecciones, este discurso es de doble filo: apunta a quitarle carnet de ciudadanía a la política masista y proscribirla. De ser efectiva la estrategia, la gente tendría miedo de votar o ser identificado como masista y estaría en urgencia de votar por alguien más, algo que puede ser efectivo entre el conjunto descontento con el MAS. Pero la estrategia es arriesgada, porque desplegada sin ninguna economía de la violencia, tiene el efecto contrario: cohesionar por miedo a un conjunto que siente la urgencia de detener el acoso político.
Más aún, la narrativa de la estigmatización parece haber dañado las posibilidades de Carlos Mesa. Frente a Añez y Camacho, Mesa aparece como un liberal en apariencia más abierto a agendas de derechos. Asimismo, ha reconocido más de una vez los logros del gobierno del MAS. Su crítica ha sido el abuso de poder y la corrupción de los últimos 14 años y había inclusive sugerido la posibilidad de dar continuidad a varias políticas del MAS. La catadura de la gestión de Mesa entre 2003 y 2005 hace sospechar que detrás de su reconocimiento de ciertos logros de Morales se esconde una agenda neoliberal remozada. Sin embargo, pudo en cierto momento ocupar el centro ideológico y recuperar votos del desconcierto masista, así como corporizar el descontento con el MAS. Dada la narrativa del estigma, a Mesa le resultó difícil moverse al centro por el riesgo de perder la votación conservadora que todavía lo tiene como segundo en la intención de voto. El efecto general de todo este contexto es que Mesa queda inclinado hacia la derecha del espectro ideológico.
La fragmentación de este bloque de derechas ha puesto de manifiesto el retorno de una lógica de saqueo del Estado. En un primer momento, como parte de un solo bloque, Añez y Camacho negociaron la distribución del Estado Central. Los intereses empresariales que habían aportado a Camacho vieron el momento de ser retribuidos por sus erogaciones y se les entregó la dirección de empresas del Estado. Una vez que Añez y Camacho proyectan trayectorias separadas, entran en conflicto entre sí. Así es que sale a la luz el desfalco que se estaba produciendo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), donde el, en ese momento, nuevo gerente, Elio Montes, empezó a cargar gastos onerosos a la empresa: vuelos privados, hoteles (por sumas millonarias) e indemnizaciones cuantiosas a personal que trabajó brevemente en la empresa (Página siete, 12/02/20). Otro tanto se destapó -y está en curso al escribir este trabajo- con la Empresa Boliviana de Aviación.
La ventilación expedita de estos actos de saqueo del Estado obedece a que el grupo favorable a Añez tiene a los camachistas en la mira dada la competencia por el voto. Sin embargo, no han faltado también las acusaciones en contra del gabinete de la presidenta en lo referido a la designación de familiares en altos cargos del Estado. La hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue designada parte del cuerpo diplomático en Miami por cuestiones “humanitarias” (Los Tiempos, 25/12/19).
El voto conservador se encuentra en una encrucijada. Mientras en octubre de 2019 quedó clara cuál era la opción que estaba en competencia con el MAS -Carlos Mesa-, el empate virtual entre Mesa y Añez hace imposible definir cuál es correctamente el voto útil de la derecha. El escenario, no obstante, es volátil. Luis Fernando Camacho, que se rezaga día a día, podría recibir presiones para bajarse de la contienda, dejando su voto librado, posiblemente a favor de Añez, por ser ambos del oriente boliviano. Una cosa queda, de todas maneras, clara: la derecha retorna con fuerza electoral aunque sin un programa de gobierno para el país, pero sí la proyección de ocupación del aparato estatal. Si bien hay una parte del electorado en donde ha florecido una sensibilidad neoliberal, sigue siendo notable que los candidatos sólo pueden hablar de medidas neoliberales de modo eufemístico. La gran parte de la población boliviana, beneficiada por las medidas redistributivas del gobierno y que ideológicamente se sitúa dentro de coordenadas nacionalistas potencialmente reaccionaría rechazando candidatos abiertamente neoliberales.
Consideraciones
finales
Dentro de lo que se llamó el ciclo progresista en América Latina, Bolivia era una de las experiencias más exitosas en un universo variopinto, con aportes valiosos así como imposturas flagrantes. Incluso la crisis del progresismo a nivel continental, que fue de la mano de una reemergencia conservadora, por un momento parecía no tocar a Bolivia. El manejo sensato de la economía al tiempo de dar cumplimiento a medidas de justicia social marcó un derrotero seguido de modo eficiente. Del mismo modo el cuidado, durante la mayor parte del Proceso de cambio, de los procesos de la democracia, proveyó legitimidad de modo constante. Ahí la fortaleza de una hegemonía en cierto momento atronadora. Pero la de Bolivia no fue una experiencia inmaculada: resabios atávicos pero también nuevas contradicciones fueron y son problemas que en el futuro deben ser atendidas de modos aun no pergeñados. Dentro de todo lo ocurrido queda claro que no hay sujeto histórico idílico, portador de una organización social post capitalista, sino que la producción de los actores sociales excede los buenos oficios e intenciones de los intelectuales o los dirigentes y en realidad vemos modalidades más o menos carnívoras de capitalismo. A Bolivia le fue bien ejercitando un capitalismo de Estado, pero justamente por lo mismo los tramos a inventar en el marco de proyectos más ambiciosos no son sencillos.
La reemergencia de la derecha no es un fenómeno boliviano, más bien se puede identificar una oleada común a los países del vecindario. No se trata sólo de las figuras rutilantes de la derecha más cruenta, como pueden ser Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos. Se trata de la difusión de un sentido común que aborrece el progresismo y apuesta, ya no digamos a formas abstractas de liberalismo que se escuda en la meritocracia, sino a formas flagrantes de políticas anti derechos y de corte estamental. En Bolivia, algo de este sentido común ha hecho carne y sus operadores y líderes han sido hábiles para convertir un descontento social en fuerza -aunque no sabemos cuán coyuntural- de restauración conservadora conducida por una minoría efectiva.
Las elecciones planificadas para 2020 son cruciales para los derroteros políticos bolivianos. Se espera, en primera instancia, que pongan fin a un estado de incertidumbre en el que ha quedado el país después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. Incertidumbre que se produce en la imposibilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de proclamar la legitimidad de las urnas, pero tampoco la de las calles. A la vez, las elecciones venideras dirimirán la correlación de fuerzas entre los distintos frentes, por ahora atorados en lo que puedan arrojar las encuestas. Se trata, en fin, de una elección que va a perfilar la era post Evo.
Referencias
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